Regimen de visitas para abuelos costa rica

Las reformas allí aprobadas sustentaban una monarquía constitucional garante de derechos iguales para los españoles incluyendo a los americanos y mejoras para los indígenas. Hidalgo y Dietetique la pomme 77, ambos curas liberales que intentaron vincular la lucha independentista con el tema de la tierra, fueron capturados y ejecutados por los criollos que sólo optaron por la independencia cuando la monarquía española se vio obligada a aceptar reformas liberales.

Mario Vargas Llosa, para su obra La guerra del fin del mundo. Aceptar y plasmar el liberalismo en instituciones hubiese sido suicida para elites cuya base de existencia y de legitimidad era un tramado de relaciones tradicionales, cuasifeudales. Se limitaron a utilizar el discurso liberal para incrementar su poder, provocando así, de manera paradójica, respuestas tradicionalistas, antiliberales, en los grupos subalternos. Esta pyjama pour prothese mammaire no tuvo nada de irracional: deriva de una valoración bastante acertada acerca de las consecuencias que traería la disolución de los lazos tradicionales, con el telón de fondo de sociedades carentes de fuerzas económicas y políticas realmente modernizadoras.

Por el contrario, lo que sucedió fue que el poder arbitral se fragmentó y pasó a residir en manos de aristócratas, señores locales, burócratas y una nueva figura heredada de las guerras de independencia: los caudillos militares. Frecuentemente se menciona la escéptica previsión de Bolívar acerca de que el poder caería en manos de "tiranuelos de todas las razas y de todos los colores".

Otros, sin embargo, han tratado de descubrir un signo progresivo, de movilidad social, en este proceso. No obstante, al igual que el régimen colonial, el régimen republicano tuvo que dotarse de una "representación" de sí mismo que lo legitimara, aun cuando no se correspondiese con sus usos y costumbres. Ahora volvían a apoderarse de la situación. La retórica liberal, utilizada indistintamente por caudillos civiles y militares, sirvió para acrecentar y legitimar viejas formas de dominación.

Desde México hasta el sur de los Andes, el siglo XIX fue testigo de un incesante despojo de tierras y protecciones consuetudinarias, llevado a cabo contra las comunidades campesinas. Curiosamente, los reclamos contra el despojo republicano se harían apelando a títulos coloniales. Los ciclos intermitentes de reclamos y rebeliones han comenzado a ser estudiados. La ausencia de testimonios directos nos priva de una imagen clara de las percepciones de sí mismos de que disponían quienes tuvieron a su cargo esta compleja praxis.

Viajeros, novelistas, periodistas empezaron a hablar por los "humillados y ofendidos". Propusieron como vía de transformación la masificación de la educación. Entre los liberales tuvo mas éxito una visión evolutiva, que mantenía las fronteras de la desigualdad como un mal menor, hasta tanto no se hubiesen creado las condiciones materiales y culturales para permitir el acceso a la igualdad para los excluidos.

Para quienes usufructuaban el poder patrimonial, los derechos eran las garantías de los privilegios definidos a partir del estatus. Los aristócratas conservadores no tenían reparos en explicitar una visión de la sociedad y del Estado basada en la aceptación explícita de la desigualdad entre los seres humanos.

La idea de derechos ciudadanos, a pesar del universalismo implícito en esta concepción, paradójicamente era también minoritaria, en la medida en que la ciudadanía estaba demarcada por criterios de propiedad o renta. Del segundo, La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe. LimaLima, Ed. Horizonte,2a. No hace al caso resumir aquí la historia de cofradías, fraternidades, mutuales y cooperativas, que culminaría con el sindicalismo que apareció en diversas partes del continente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

En particular son notorias las demandas de reconocimiento de títulos comunales de origen colonial, al verse confrontados con procesos de despojo, no sólo en el siglo XIX sino también hasta la primera mitad del siglo XX. No se puede negar que el liberalismo político impulsó también algunos procesos democratizadores entre sectores subalternos, particularmente en el seno de la "plebe urbana".

Casi todas las sociedades son mayoritariamente mestizas y urbanas. En los países de la región rige el voto universal y se celebran elecciones con cierta regularidad. En particular, el reconocimiento y ejercicio de derechos por parte de las mujeres ha crecido de manera impresionante. Sin embargo la pobreza sigue siendo mayoritaria. A la vez, se han desarrollado diversos procesos de movilidad social, incluyendo la migración fuera del subcontinente.

Los avatares y paradojas page az boat rides la democracia en el continente han llevado a refinar el pensamiento en torno a ésta. La primera y fundamental causa de esto fue el desarrollo de diversos movimientos por la igualdad real. Resulta llamativo comprobar que el discurso y las políticas liberales que erosionaron la visión providencialista de la sociedad y del poder, sin intentar.

En esto jugaron un papel muy importante las clases medias urbanas, que vivieron la frustración de una ciudadanía formal en estados patrimoniales. En términos éticos, la noción de "justicia social" fue una poderosa herramienta de cuestionamiento y aliento a las reivindicaciones, así como terreno de disputa entre diversas perspectivas. Desde una mirada organicista de la sociedad, propia del catolicismo tradicional, la justicia social se entendía como el reforzamiento de relaciones estamentales y de derechos limitados.

En diversos proyectos políticos del continente comenzó a dibujarse una relación fuerte entre justicia social y derechos. Estos fueron planteados como un correctivo frente a la injusticia, en la medida en que establecerían barreras infranqueables que toda actividad humana económica, social o política debería respetar.

Por ejemplo, las modalidades que promovieron los llamados "caudillos populistas" valiéndose de procesos de redistribución, ejerciendo un rol arbitral, e incluso autoritario, por encima de las relaciones sociales existentes. O la forma de justicia social que se expresó al interior de movimientos revolucionarios que resultaron de la aceleración de los procesos económicos y políticos en el mundo en las primeras décadas del siglo XX.

En la mayor parte de los discursos revolucionarios latinoamericanos, a la justicia social se llega por medio de un proceso político que violenta el llamado "estado de derecho". La mayoría de las vanguardias latinoamericanas se adscribieron. Sin haber llegado nunca a fructificar en el continente, el individualismo y la ciudadanía, en su versión liberal, fueron declarados caducos por socialistas, nacionalistas y populistas revolucionarios.

En otros, se han desarrollado parcialmente procesos de redistribución. Otros movimientos de reivindicación de derechos tuvieron como protagonistas a los trabajadores, incipientemente "proletarizados" en el marco de la expansión de actividades extractivas mediados del siglo XIX y procesos de industrialización limitada finales del siglo XIX e iniciación del XX.

También aquí el abanico de demandas y movimientos fue muy amplio. Las definiciones se aceleraron en la medida en que los movimientos laborales latinoamericanos recibieron el impacto de sus similares europeos. La jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, la protección frente a los despidos arbitrarios, etc. Los movimientos laborales serían los primeros en lograr reconocimiento jurídico para sus derechos; legislaciones protectoras del trabajo pueden registrarse desde muy temprano en el siglo XXindependientemente del signo político de los gobiernos instalados en uno u otro país.

Probablemente, el temor a revoluciones sociales, así como el hecho de que los trabajadores urbanos tenían un peso político del que carecían los indígenas, facilitó este proceso.

Este dato marca una diferencia de la historia de la ciudadanía y los derechos en nuestro continente en relación con el modelo. A lo largo del siglo, las reivindicaciones se ampliaron. Ya se mencionó que sus primeros indicios se relacionan con el discurso de los liberales progresistas, los "amigos de los indios", que veían, en el analfabetismo y la ignorancia, las claves de la dominación tradicional.

No por casualidad así prix kilos supplémentaires easyjet enregistrement percibido por los poderes locales, que pusieron tenaz resistencia a la expansión de la escuela, sobre todo si ésta era laica. Ha acompañado este proceso una cierta tradición constitucional que expresó un pacto político redistributivo y desarrollista, hoy satanizado como "populismo". Un hito en esta historia fue la famosa Constitución mexicana de Querétaroprimera en el mundo en reconocer derechos sociales junto con los derechos políticos.

La Revolución mexicana, iniciada como un movimiento por el sufragio, devino en un movimiento revolucionario por la tierra. Pareciera que los derechos sociales requieren estados fuertes, capaces de redistribuir de manera compulsiva. Y estos estados no pueden ser sino autoritarios.

Ya se mencionó el caso del caudillismo, que en el siglo XX pasó a ser "populismo". Otro ejemplo es el de la recurrencia de discursos milenaristas e indigenistas. Cuando se inaugura el siglo XXlo encontramos vivo en los discursos y programas de los indigenistas peruanos; a mediados de siglo, Octavio Paz develó, en la base del Estado autoritario mexicano, algo similar.

La dominación colonial se basaba en un discurso de "naturalización" de la desigualdad. Toca aquí afirmar que este discurso ha llegado casi intacto, en diversos sectores de la sociedad latinoamericana, hasta el presente. Se han modificado parcialmente algunos conceptos, pero la lógica sigue siendo la misma. En la nueva versión, la elite se compone por los tecnócratas que saben y cuya misión es prevenir que estados y economías caigan en manos de irresponsables populistas, aun cuando esto implique recortar los derechos de las mayorías.

Para entender el presente y el porvenir de todos los derechos humanos —incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales— en América Latina, es necesario dejar de lado algunas visiones estereotipadas de nuestras sociedades.

Por un lado, la que sugiere que debido al peso de tradiciones corporativas o comunitaristas es casi imposible pretender desarrollar una cultura de derechos.

Ni una cosa ni la otra. América Latina es un continente heterogéneo, en el que los caminos de la modernidad ética y política se han desarrollado asumiendo y redefiniendo diversas tradiciones culturales, originarias unas, importadas otras, sin que estos procesos hayan culminado satisfactoriamente.

La precariedad de las instituciones y sobre todo la precariedad de una cultura de derechos tiene que ver con la precariedad de los procesos de modernización. El débil sentido de pertenencia a comunidades nacionales en las que al menos la igualdad formal tenga vigencia va de la mano con la débil e inestable articulación a sistemas productivos y mercados modernos. Sin embargo, no siempre ha sido así. En algunos momentos del siglo XXla mayoría de sociedades latinoamericanas vivieron procesos de integración y modernización promovidos desde proyectos políticos y culturales que compartían valores nacionalistas y de justicia social.

Por diversas razones la mayoría de estos procesos quedaron truncos o fueron violentamente revertidos.

Se fracturan las identidades y solidaridades relativamente modernas que se habían expandido en la segunda mitad del siglo XX nación, clase, ciudadanía, etc. Pero nadie puede predecir hasta dónde podríamos llegar si la actual inestabilidad se mantiene en la década venidera. En territorios que se disputan narcotraficantes y grupos armados irregulares, así como en zonas periféricas de ciudades superpobladas se siente que regresamos a la sombría descripción hobbesiana del "estado de naturaleza".

La paradoja se disipa si se recuerda que desde el siglo XVI en adelante, sucesivos procesos de "modernización" exógena han estado acompañados de destrucción, sin reemplazo de estructuras e identidades tradicionales. Si bien a los neoliberales les gusta presentarse como técnicos apolíticos y amorales, la verdad es que su proyecto comporta una auténtica revolución en términos de relaciones de poder y de sistemas de derechos vigentes en una sociedad.

La simplificación de las relaciones sociales a transacciones de compra y venta en el mercado trae aparejada la disolución del tejido social y su reemplazo por una lógica exacerbada de competencia. Supone, en primer lugar, una "privatización" de los derechos humanos. Es decir, una reducción de los mismos a ser meras protecciones de la privacidad de los individuos frente a injerencias externas visión negativa de los derechosdejando las dimensiones sociales de la vida de los individuos libradas a los resultados económicos que los mismos obtengan en los mecanismos de mercado.

En segundo lugar, postula una priorización del derecho de propiedad sobre cualquier otro derecho y la reducción de la vida social a un conjunto de contratos privados de compraventa que derivan del derecho de propiedad.

Como han señalado diversos analistas, los niveles de cohesión y sofisticación de quienes iniciaron y hasta el momento mantienen una "guerra santa" contra Occidente, sólo pueden comprenderse adecuadamente en el marco de los procesos de modernización frustrada y exclusión que afectan a diversas regiones del.

Por otro lado, la respuesta imperial no deja de ser tributaria de la misma lógica: apunta a aniquilar peligros reales e imaginarios, a los que considera esencialmente reñidos con los valores "occidentales".

La transacción entre el liberalismo y la socialdemocracia, entre economía de mercado y estado de bienestarentre libertades individuales y cohesión social se ha roto. Si bien no podemos anticipar los resultados, sí podemos prever cursos de acción. En décadas pasadas, América Latina vio sucederse numerosos movimientos de justicia social incipientemente clasistas unos, nacionalistas y pluriclasistas otrosque intentaron caminos de modernidad priorizando la igualdad. Estos, sin embargo, muchas veces eran ajenos a incorporar una perspectiva de derechos en su programa y en su quehacer.

Sin duda éste fue un aspecto vulnerable de los mismos. El neoliberalismo ganó legitimidad justamente reivindicando la prioridad de las libertades individuales y los derechos que las protegen frente al opresivo peso del Estado. Pero lo cierto es que contribuyen a profundizar la fragmentación y las exclusiones. Entre tanto, los derechos integrales siguen siendo una cuestión pendiente para las mayorías latinoamericanas. De manera subyacente o explícita también se converge en la crítica a los efectos de las medidas de ajuste estructural, las políticas económicas neoliberales y la firma de tratados de libre comercio de manera poco transparente y poco beneficiosa para las poblaciones.

En este accionar conjunto, quienes formamos parte del movimiento de mujeres pudimos comprobar que existen dos campos, dentro del corpus de los derechos humanos, que presentan graves y permanentes dificultades para ser implementados: el de los derechos humanos de las mujeres y el de los DESC.

La distribución equitativa del trabajo impago en la esfera doméstica es un requisito indispensable para el ejercicio en igualdad de otros derechos, como el derecho al empleo o al esparcimiento.

Cambiar esto no es una opción, es un mandato de los instrumentos de derechos humanos. Dos tercios del trabajo impago en el mundo es realizado por mujeres; 2 por tanto, lo que pasa en los hogares puede tener impacto en la economía mundial. Otro ejemplo de lo enriquecedora que puede ser esta posibilidad de interconexión lo da el cruce entre violencia doméstica, ingresos económicos y Producto Interno Bruto PIB. Una mujer que sufre violencia doméstica en general gana menos que aquella que no es víctima de esa violencia; la violencia doméstica compromete A pesar de los índices mencionados, la "conspiración de silencio" que rodea a esa violencia impide que datos cuantitativos y cualitativos puedan revelar mejor la magnitud de ese fenómeno.

Considerado una especie de territorio fuera del alcance de la ley, la familia, muchas veces, se constituye en espacio de arbitrio y violencia, debido, entre otros factores, a la complicidad e indiferencia social en relación con lo que ocurre en el universo privado del lar, encontrando.

Eso supone, asimismo, transformaciones profundas, tanto en el intercambio entre los Estados, en las estructuras económicas y políticas de los países, en el reparto comunal y familiar de bienes y servicios y, también, en la percepción individual de la democracia y la ciudadanía.

No es casual que los representantes de los estados eviten la creación de mecanismos que podrían asegurar la justiciabilidad de estos derechos. El problema se agrava si pretendemos hablar de los DESC de las mujeres, o sea, de la mitad de la población del mundo. Las personas que pertenecemos al movimiento de mujeres hemos encontrado resistencias para el reconocimiento de nuestros derechos en cuanto tales, no sólo en la interlocución con los representantes de nuestros gobiernos a todos los niveles: municipal, provincial, nacional, sino también en las estructuras internacionales de ambos.

En el caso de la comunidad de derechos humanos, de la que numerosas organizaciones de mujeres nos sentimos parte, la falta de reconocimiento respecto a muchas de nuestras preocupaciones o la minimización de nuestros reclamos resulta preocupante, porque las organizaciones de mujeres nunca dudan a la hora de sumarse a las acciones de denuncia y solidaridad que propone el movimiento de derechos humanos.

Nos referimos a cuestiones como la violencia doméstica, la criminalización del aborto, el acoso sexual en el empleo o la feminización de la pobreza, entre muchas otras.

Multitudinarias marchas contra la guerra y a favor de la paz en todos los países de la región durante los años y mostraron en las calles a mujeres del movimiento y a activistas de derechos humanos. Pero, aunque levantemos la misma bandera en las marchas, reclamando por paz, democracia, justicia económica, los contenidos que damos a estas palabras desde ambos movimientos son distintos.

Desde hace muchos años, cuando las mujeres pedimos paz incluimos el derecho a vivir una vida sin violencia y esto no se refiere sólo a la que se deriva de los conflictos armados, sino a la violencia de género que se sufre en el trabajo, la casa y la calle. A la vez, los contenidos de las palabras democracia y ciudadanía son también diferentes. Cuando las feministas levantaron el lema de "Democracia en el país y en la casa" 5 estaban extendiendo el concepto de igualdad al espacio privado.

Las relaciones igualitarias en el hogar son consideradas fundadoras de una nueva ciudadanía. Pero no todas son rosas dentro del movimiento de mujeres.

Uno de ellos es que no todas las organizaciones de mujeres ven como adecuado el marco de los derechos humanos para la defensa de derechos de las mujeres. Eso incluye los derechos humanos, sus instrumentos y mecanismos. Un ejemplo son las críticas a aquellas organizaciones masculinas que en el D.

Esas críticas pueden. El hecho es que afloran desconfianzas y malestares, no expresados ni elaborados, cuando ese u otro tema es manejado por varones, que deberían ser abordados y discutidos, si no queremos contradecirnos con nuestro deseo de no cargar solas con el peso de la discriminación y la necesidad de su erradicación.

Dentro de cada uno de ellos confluyen corrientes marcadas por orígenes, pertenencias y formaciones políticas diferentes. Años de dictadura, la endemia de los conflictos armados y las dificultades para erradicar los remanentes autoritarios enquistados en las instituciones de seguridad explican esta situación. Sin embargo, luego de haber compartido, desde las conferencias preparatorias de Viena diciembre de hasta la fecha, numerosos encuentros internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema regional como el mundial, podría decir que lo observado en la arena local tiene muchas similitudes con lo que sucede en la arena internacional.

Esta deslegitimación se extiende a las organizaciones de mujeres que los defienden, ya que no son reconocidas como integrantes de la comunidad de derechos humanos, aunque utilicen para la defensa todos los instrumentos y mecanismos de ésta.

En febrero de asumieron sus cargos, recientemente creados, el secretario y subsecretario de derechos humanos de la Provincia de Santa Fe, Argentina. A poco de su toma de posesión, invitaron a representantes de los grupos de derechos humanos para que les hicieran un mapa de las organizaciones defensoras de los mismos.

Todos estos grupos se nuclean principalmente para la defensa de los derechos civiles y políticos y por la recuperación de la memoria. En el primer caso, con mucha frecuencia hemos observado reticencias para estrechar alianzas por parte de los organismos tradicionales de derechos humanos, en el sentido de aunar fuerzas para reivindicar derechos que dolor de la caries relación directa con los derechos sexuales y con los derechos reproductivos.

Un ejemplo de esto lo vivimos en Colombia, donde desde hace varios años integrantes del CLADEM vienen dando el debate por incorporar los derechos sexuales y reproductivos a una gran coalición que trabaja por la paz. Las mismas reticencias se observan en lo relacionado con la esfera doméstica y las distintas categorías de trabajos que se desarrollan en su interior, así como el valor de ese trabajo y su repercusión en la economía nacional. Los teóricos a nivel internacional y nacional no sólo han ignorado durante muchos años las violaciones relacionadas con los derechos civiles que tienen lugar dentro del hogar: libertad de opinión, integridad física, psíquica y sexual, derecho a no recibir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También han invisibilizado lo relacionado con el valor 10 del trabajo doméstico y su aporte al Producto Interno Bruto. Las tres economías relacionadas con el hogar: doméstica mantenimiento, limpieza y cuidado del hogarde cuidado atención de familiares en la niñez, madurez, enfermedad y de reproducción crianza y educación de los hijos e hijas permanecen invaluadas e invisibles a los ojos de los economistas, de los políticos y también de los defensores tradicionales de derechos humanos.

También son producto de las teóricas y activistas feministas los presupuestos sensibles al género, el estudio de la gravitación de los tratados internacionales de libre comercio en la vida de las mujeres, las jefaturas de hogar femeninas, y otros temas de similar importancia. Enero de marca el encuentro oficial del movimiento de mujeres latinoamericano y caribeño con el movimiento de derechos humanos a gran escala y en el plano internacional.

Previamente, en diciembre defeministas independientes y organizadas en grupos y redes confluyeron en Costa Rica, en una conferencia satélite llamada "La Nuestra", para planificar estrategias de incidencia política en el Foro No Gubernamental, paralelo a la Conferencia Preparatoria Latinoamericana San José de Costa Rica, enero de de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU Viena, junio de Muchas de las feministas presentes habían militado en organizaciones políticas y de derechos humanos tradicionales, y conocían el terreno sobre el que se iba a trabajar.

Al inaugurarse la Conferencia Preparatoria y el Foro No Gubernamental paralelo a la misma, las feministas participamos activamente de las reuniones donde se analizó el borrador de documento oficial y los temas prioritarios para el trabajo del foro.

La notoria ausencia de las cuestiones que preocupaban a las mujeres en las primeras reuniones motivó una reunión de emergencia. Por ello decidimos dividirnos y participar en todos los grupos, haciendo oír nuestra voz en cada tema. Nos convertimos entonces en "la mosca en la oreja", insectos molestos que zumbaban constantemente el reclamo de la visibilización. Entre éstos, uno era el de "grupos vulnerables".

Incluía a ancianos, personas con discapacidades, mujeres, pueblos indígenas, niños, etc. O sea todos los que no eran adultos, sin discapacidades, varones, blancos. La vulnerabilidad aparecía como un atributo del ser mujer, o indígena o anciana, y no como una situación producto de la discriminación y, por tanto, reversible. Tanto las feministas como las organizaciones indígenas, de personas con discapacidad, de ancianas, etc.

La insistencia de las feministas era vista como una intrusión no pertinente. La sensación de transgredir códigos en un discurso hermético era permanente. Seis meses después, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, pudimos comprobar que la concepción con la que nos enfrentamos en Costa Rica estaba muy generalizada entre las organizaciones de derechos humanos tradicionales de todo el mundo.

Tres de ellos tienen relación directa con lo que planteamos:. Debe crear programas, lanzar campañas, implementar servicios de prevención, atención y reparación a las víctimas y, por sobre todo, debe eliminar la discriminación contra la mujer, que es una de las causas de la violencia.

La falencia en el cumplimiento de estas obligaciones acarrea responsabilidades que deberían ser exigidas al Estado, no sólo por las organizaciones de mujeres sino también por las de derechos humanos. Si bien los principios del Plan de Acción de Viena han impactado en el accionar del movimiento de derechos humanos, no han producido la transformación radical necesaria para una defensa integral de los derechos humanos, de todas las mujeres y varones, tanto dentro del hogar como fuera de éste.

Las organizaciones tradicionales de derechos humanos siguen trabajando prioritariamente sobre aquellos derechos civiles y políticos actualmente definidos en relación con la democracia, la gobernabilidad, la denuncia de la corrupción política, la seguridad. Todos son abordados generalmente sin enfoque de género. Cuando se encaran temas de medioambiente, suele suceder que las mujeres aparezcamos como ligadas a la madre tierra, con una simbología que nos vincula a la naturaleza debido a nuestras capacidades procreativas: mujer, tierra fértil, vida, semilla, etc.

En la defensa de los derechos de las comunidades indígenas es frecuente que las organizaciones tradicionales de derechos humanos levanten banderas como la defensa de las tierras y los derechos de la comunidad en general, e ignoren la discriminación, subordinación y violencia que sufren las mujeres al interior de las mismas.

Al reportar la situación de derechos, como el de la vivienda adecuada, alimentación, salud, educación, nivel de vida digno, trabajo, o el derecho al agua, se ignoran las especiales dificultades que afrontan las mujeres cuando intentan ejercerlos.

Un ejemplo es el derecho al agua. Para denunciar se requieren conexiones, posibilidades de movilización, tiempo y recursos que también son diferentes y, en general, determinan que las posibilidades de las mujeres de acceso a la justicia sean menores que las de los varones. Esta división sexual del trabajo en derechos humanos se hace a despecho del crecimiento, variedad y profundización de los temas que aborda el movimiento de mujeres.

Los esfuerzos realizados en Seguridad Humana tuvieron como uno de los resultados la emisión de la Resolución 1 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Exige incorporar a mujeres en las negociaciones de paz y de prevención de conflictos armados, así como en las etapas de posconflicto. Sin embargo, es muy difícil encontrar organismos de derechos humanos tradicionales que den seguimiento al Plan de El Cairo en su agenda. En la mayoría de los documentos de derechos humanos se repite el mismo esquema. Al incorporarnos a la reunión, uno de los compañeros presentes nos comentó con alegría: "Qué suerte que vinieron, ustedes pueden incluir temas de género".

Allí, como representantes del CLADEMplanteamos la discriminación de género en las estructuras del sistema de la OEAa la que veíamos como un reflejo de lo que cotidianamente sufren las mujeres en nuestros países. El tema no fue levantado por ninguna otra organización. Esta situación tiene como consecuencia que las mujeres destinemos gran cantidad de esfuerzos en visibilizarnos frente a estas organizaciones y legitimar nuestras demandas.

Las organizaciones de mujeres tenemos que medir la cantidad de energías que destinamos a convencer e influir sobre otros movimientos sociales con el objetivo de que incorporen nuestras preocupaciones en sus agendas.

Feministas de primer nivel estuvieron trabajando de manera intensiva con los organizadores de cada foro durante varios años.

El propósito era tender puentes entre las organizaciones de mujeres y las de otros movimientos sociales: desarrollo, ecologistas, derechos humanos, indigenistas, a fin de integrar las preocupaciones de las mujeres en los espacios del foro.

El desafío de la plena y equitativa implementación de los derechos económicos, sociales y culturales es de tal magnitud que requiere la acción mancomunada de todos los movimientos sociales, especialmente el de mujeres y el de derechos humanos.

Es imposible implementar los compromisos y las obligaciones asumidos en esta materia por los estados, trabajando en forma aislada. Por otro lado, para lograr el goce igualitario de los DESC se debe tener en cuenta el problema de la discriminación sexual. Su erradicación hace imprescindible el esfuerzo conjunto por parte de todos los actores involucrados, pero principalmente de los varones.

Son problemas de toda la sociedad y deben ser asumidos por todas sus organizaciones. Uno de los aspectos que deberían ser prioritarios es el de la necesidad de promover la implantación de medidas especiales temporales para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y varones en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo hacen la CEFDM y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial CEFDR.

Las organizaciones de mujeres colaboraron ampliamente con la discusión del borrador de comentario y fueron claras al exigir medidas especiales temporales para alcanzar la igualdad sustantiva. Utilizando el mismo, ha producido un excelente informe sobre discriminación laboral a mujeres guatemaltecas. Reconocer las limitaciones, prejuicios y barreras existentes para avanzar en un trabajo conjunto y fortalecer las. En el mismo sentido se interpreta la participación, por primera vez, de un organismo de derechos humanos en la manifestación realizada en Rosario, Argentina, el 28 de setiembre deluego de siete años de campañas por la despenalización del aborto.

La solidaridad con Católicas por el Derecho a Decidir, en Córdoba, Argentina, para pelear contra el amparo interpuesto para impedir la aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva por parte de sectores conservadores y exigiendo el retiro de su personería jurídicaal que se sumaron varios organismos de derechos humanos, tanto a las manifestaciones como en los comunicados, fue también un salto importante. La transformación necesaria para abordar la agenda de los derechos humanos de manera integral debe ser profunda.

Los derechos propios del trabajo forman parte de los derechos humanos hace mucho tiempo y gozan del reconocimiento de pactos internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, enenumera los derechos a condiciones de trabajo justas y favorables; a igual remuneración por trabajo de igual valor; a una remuneración equitativa y favorable, y a formar sindicatos y afiliarse a ellos.

Sin embargo la protección de los derechos laborales es una promesa no cumplida en América Latina. Los estados han tenido una participación débil en el reconocimiento de los derechos laborales como derechos humanos y la colaboración entre los movimientos obreros y los movimientos por los derechos humanos no ha sido suficiente, en parte debido a distintos predominios: la mayoría de los sindicatos defiende los derechos colectivos y las organizaciones de derechos humanos se han centrado principalmente en los derechos individuales.

Los derechos centrales comprenden: 1 la libertad de asociación y ratificación del derecho de negociación colectiva; 2 la eliminación del trabajo forzado u obligatorio en todas sus formas; 3 la eliminación concreta del trabajo infantil; 4 la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Compa y Stephen F. Diamond, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, La legislación reflejaba el recelo del Estado hacia los sindicatos y la idea de que el obrero debía buscar protección en el Estado y no en los sindicatos, habitualmente vinculados con ideologías políticas radicales, que pretendían debilitar la autoridad estatal.

En países como Argentina, Brasil y México, el nacimiento corporativista de la legislación nacional del trabajo, durante las décadas de los treinta y cuarenta, significó mayores incentivos legales para algunas organizaciones laborales, a cambio de su intención de apoyar al Estado. Por ejemplo, en México, a los sindicatos no alineados con el Partido Revolucionario Institucional PRI se les dificultaba la obtención del registro legal otorgado por las juntas tripartitas de conciliación y arbitraje porque el representante del trabajo en la routine des soins du visage, por lo general, pertenecía al sindicato afiliado al PRI.

Posteriormente, durante las dictaduras militares de la década de los setenta, los derechos laborales solían ser las primeras víctimas porque los sindicatos se proscribían y los sindicalistas eran víctimas de asesinato, desaparición o exilio. Mientras derechos laborales, derechos humanos, derechos civiles y políticos se aunaban, a efectos de su preservación durante periodos de dictadura, la crisis econó-mica y el retorno de la democracia ampliaban la distancia entre sindicatos y otras organizaciones de derechos.

En primer lugar, la notoriedad de los sindicatos como actores sociales y políticos se desvaneció en comparación con los partidos políticos, que resurgieron para ocupar un lugar central en las nuevas democracias. En algunos casos significó la subordinación de los intereses obreros a las inquietudes partidarias; por ejemplo, para preservar la estabilidad política durante la transición, el movimiento obrero chileno limitó las demandas de reforma de la ley laboral que ampliaría los derechos restringidos durante la dictadura de Pinochet.

En tercer lugar, en muchos países surgió un gran sector de trabajadores informales que se mantuvo fuera de la protección de la ley y del alcance de los sindicatos. El debilitamiento de los sindicatos, defensores naturales de los derechos laborales, trajo consigo una menor importancia relativa de estos derechos en el programa de la mayoría de los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos durante las décadas de los ochenta y noventa.

La divergencia entre sindicatos y organizaciones de derechos humanos se acentuó en la década de los noventa, cuando banane collation regime la región se adoptaron medidas orientadas al mercado. En la mayoría de los países, la. Paralelamente, los sindicatos luchaban contra los efectos de la recesión y las políticas de ajuste estructural.

Los sindicatos también solían ser políticamente activos, protestando contra formatos económicos, renovando los vínculos con partidos políticos aliados y exigiendo la restauración de la protección de los derechos colectivos, suspendida por los regímenes militares Kathryn Sikkink, "The Emergence, Evolution, and Effectiveness Estos cambios je veux vraiment maigrir comment faire hijab y laborales agrandaron la brecha entre los "de adentro" pertenecientes al sector formal y bajo la protección de la ley y los "de afuera".

El segundo grupo estaba formado por los desempleados y los trabajadores del sector no formal, especialmente mujeres y jóvenes. Los organismos financieros internacionales aplicaban esta distinción entre los de adentro y los de afuera para apoyar las recomendaciones impartidas por sus políticas.

A-6; Marcelo M. Giugale, Olivier Lafourcade y Vinh H. Las políticas propuestas como soluciones al desempleo y al empleo no formal solían enfrentar a los trabajadores formales y a los no formales.

Por ejemplo en el caso de las restricciones a la libertad de asociación en México, o al derecho de huelga en Chile. Percibir los derechos colectivos vinculados a una minoría privilegiada y a costa de los derechos individuales aumentó la distancia entre los sindicatos y otros grupos que podían ser posibles aliados para promover los derechos económicos y sociales.

Las ONG de derechos humanos, que ya dudaban sobre comprometerse con sindicatos estatales o partidarios, tenían pocas probabilidades de pasar, de defender a sindicalistas, a apoyar los derechos colectivos de que gozaban relativamente unos pocos. El ataque que los sindicatos recibieron de gobiernos, empleadores y organismos financieros internacionales también los colocó en una posición defensiva y los dejó mal preparados para responder con nuevas estrategias, como campañas de mayor alcance para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.

Muchos sindicatos concentraron sus recursos para sobrevivir y conservar el poder de negociación para el futuro, lo que significaba defender las leyes que preservaban los derechos colectivos pero, especialmente, las que garantizaban recursos y privilegios a los sindicatos.

Durante la década de los noventa, la defensa de los derechos laborales tomó diversas formas. Los sindicatos aunaron los recursos del entorno cercano para enfrentar las reformas que debilitarían los derechos laborales.

Por ejemplo, durante los años ochenta los sindicatos argentinos realizaron 13 huelgas generales en protesta contra las medi.

En Brasil, el presidente Fernando Henrique Cardoso introdujo los contratos de trabajo temporarios y la flexibilidad de horarios, pero no logró establecer reformas colectivas en demanda de reformas constitucionales.

En Argentina, la Confederación General del Trabajo CGT preservó los recursos organizativos y defendió las leyes colectivas, a cambio de mayor flexibilidad en la legislación aplicable al obrero. Cornfield y Holly J. En algunos casos, los sindicatos aunaron los mecanismos internacionales disponibles para defender y promover los derechos laborales.

En los noventa, los sindicatos peruanos y sus aliados, por ejemplo, presentaron 29 casos al Comité de Libertad de Asociación de la OIT durante la presidencia de Fujimori. Los sindicatos latinoamericanos recurrieron a la OIT frecuentemente. La documentación. La presión de los sindicatos y sus aliados obligó a los acuerdos de libre comercio a abordar también el tema de los derechos inherentes al trabajo.

También ofrecía un mecanismo de revisión de presuntas violaciones y de posible aplicación de sanciones al comercio, en determinados casos.

Mientras la lucha por la reforma de las leyes laborales nacionales generalmente tiene a los sindicatos como actores exclusivos, los casos presentados al ACLAN fomentaron la colaboración entre sindicatos de distintos países, y alianzas entre diversos sectores de sindicatos y ONG para los derechos humanos y para botox poison uses in hindi mujer, dentro del país y con países extranjeros.

Si bien no fue resultado directo del caso ACLANpuede haber aumentado la presión general para la sanción de la ley. Con todo, los expertos cuestionaron el efecto de la ley sobre la discriminación en el trabajo.

Ver "Mexico's President. Sin embargo, los mecanismos como el ACLAN han recibido críticas por lo ineficaces que resultaron para lograr que los gobiernos reformaran o cumplieran las leyes, y para subsanar las condiciones específicas de trabajo de los obreros, que dan origen a las demandas.

Una crítica se refiere a la profunda diferencia de tratamiento de los derechos laborales individuales frente a los colectivos. Conforme a las normas de procedimiento del acuerdo complementario del TLCANlas violaciones de derechos colectivos, como la libertad de asociación y el derecho de organización, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, no pueden avanzar hasta la instancia de sanción económica o comercial; pero la mayoría de los derechos "individuales" discriminación sexual, salud y seguridad y trabajo infantil pueden transitar todo el proceso de revisión en sus tres componentes.

Otros acuerdos regionales de comercio adoptaron sus propias disposiciones sobre derechos laborales. Es evidente que tales disposiciones en los acuerdos de comercio no garantizan, por sí mismas, el cumplimiento de las leyes protectoras de los derechos laborales; 42 sin embargo ofrecen un elemento extra. En el caso del ACLANuna parte puede presentar una demanda, pero debe hacerlo en el país en el que no se cometió la violación aludida. En otros casos, como en el Mercosur, no se estable.

Un mecanismo de derechos laborales vinculado al comercio, que se ha aplicado con cierta eficacia para que los gobiernos modifiquen las leyes laborales débiles, es el Sistema Generalizado de Preferencias de EE. El SGP prevé la presentación de pretensiones relacionadas con la violación de derechos laborales por gobiernos extranjeros a los que EE. Desde su creación eneste instrumento del comercio fue aplicado por sindicatos y defensores de los derechos laborales de EE.

No obstante, el SGP tiene limitaciones significativas. Prothese mammaire photo eye distributor una herramienta unilateral, sujeta a los caprichos de la política exterior de los EE. Muchos casos para revisión fueron rechazados por razones políticas. Ver Lance Compa, "Works in Progress", ob. Ver Lance Compa y Jeffrey S. Si bien la aplicación de estos mecanismos internacionales ha dado algunos beneficios, los resultados han sido decepcionantes en general.

Los instrumentos no pudieron, por sí mismos, mejorar o mantener las protecciones de los derechos laborales. La mayor competencia generada por la reducción de tarifas adelgazó las industrias manufactureras y la consiguiente fuerza laboral sindical. La privatización de empresas estatales también significó despidos masivos en toda la región. La promoción de manufactura no tradicional en las zonas exportadoras o maquiladoras significa, generalmente, fuerza laboral no sindical, bajos salarios, inestabilidad y pobres condiciones de trabajo.

Las políticas de mercado relacionadas con la globalización han profundizado el empeoramiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales; pero la globalización también crea nuevas oportunidades para ejercer acciones conjuntas en su defensa. Algunos hechos recientes pueden aumentar las posibilidades de promoción de los derechos laborales.

Gwynne y Cristobal Kay, Londres, Arnold,pp. La herramienta principal de la OIT es la persuasión moral, y como tal es un instrumento intrínsecamente débil, comparado con la presión material ejercida por los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales IFI.

Aunque esta identificación estuviera presente hace tiempo en los pactos internacionales, su aplicación a las campañas sobre derechos laborales es relativamente reciente, como lo es su aceptación por grupos de derechos humanos. El ALCA también desencadenó esfuerzos por colaborar para una propuesta alternativa amplia de integración regional por parte de los sindicatos de la región, las ONG de derechos humanos y otros grupos de ciudadanos. Esta red, la Alianza Social Continental ASCelaboró un documento denominado "Alternativas para las Américas", que aborda cuestiones de comercio e inversiones, y presenta un plan basado en el respeto por los derechos laborales y humanos, la democracia y el desarrollo sustentable.

También representa un cambio importante, de la protesta por el libre comercio a la creación de alternativas de integración regional y desarrollo nacional. No obstante, la importancia del documento radica en su posibilidad de ampliar el debate sobre el comercio en la región respecto de la especificidad y profundidad de sus propuestas, y en que es producto de la colaboración de un amplio espectro de grupos. Por ejemplo, una campaña dio origen al primer acuerdo independiente de negociación colectiva sindical en el sector de las maquiladoras de México.

Por ejemplo, muchas quejas por el ACLAN y casos tomados por el movimiento antiexplotación se centraban en el derecho de organización, lo que representa un distanciamiento sutil, pero importante, de las campañas internacionales en las que los activistas del norte se centraban en el trabajo infantil, por ejemplo, aun cuando los trabajadores locales considerasen que las mayores preocupaciones eran los impedimentos para organizarse. En términos generales, este movimiento estudiantil facilitó la expansión de la conciencia general en EE.

No obstante, desde fines de los noventa las crisis financieras de Asia, Rusia y Argentina —junto con la función que desempeñaron las instituciones financieras internacionales en estos países— ampliaron el debate sobre globalización y desarrollo económico. En América Latina, casi dos décadas de neoliberalismo no dieron los resultados esperados en el crecimiento económico.

Por el contrario, aumentaron la desigualdad del ingreso e hicieron poco para disminuir la pobreza. Para el trabajador, esto significa que las campañas nacionales creadas para debilitar las leyes laborales que eran evidentes durante los noventa pueden frenarse o cambiar radicalmente. Un consejo tripartito —trabajo, empleadores y representantes del gobierno—, creado bajo la pre.

Gwynne, "Globalization, Neoliberalism and Economic Change", ob. Esta mayor importancia de los derechos laborales y el recurso de la consulta tripartita para elaborar reformas representa un profundo cambio respecto de las actitudes del pasado, que debilitaban la protección del trabajo. Por ejemplo, en Brasil los debates tripartitos sobre reformas laborales se realizan en serie, y las conversaciones sobre reformas a la legislación colectiva son previas a las reformas sobre legislación individual.

Por el contrario, la realización de debates en serie garantiza los derechos de las organizaciones obreras en primer lugar, y esto las fortalece para negociar sobre propuestas de flexibilidad. Esto se debe a que las fuerzas de la globalización, en forma. Sin embargo, algunos sucesos recientes en América Latina también indican que los movimientos obreros y sus aliados pueden aprovechar los cambios políticos del país para promover los derechos laborales.

El desafío actual consiste en sostener y ampliar los beneficios obtenidos en la protección de los derechos por medio de alianzas nacionales entre grupos de derechos humanos, movimientos obreros y otros que ejerzan presión respecto de los derechos económicos, sociales y culturales.

Hay que superar la antigua división entre derechos individuales y colectivos. En síntesis, los movimientos obreros y de derechos humanos se necesitan mutuamente y pueden aprender uno del otro.

Irónicamente, la globalización puede empezar a brindar el contexto para que ello sea posible. El vocero inca respondió con una serie de razonamientos lógicos, que invitaban a un intercambio de ideas. En cambio, los españoles presentes se pusieron de pie de un salto, atacaron a sus anfitriones y les robaron oro y plata.

Trabajo presentado en la 51a. Jurgen Habermas cuando sostiene que "[ Si bien los pueblos originarios de América Latina siguen padeciendo violaciones de sus derechos humanos y siguen marginados al no cumplirse las obligaciones debidas para el respeto de sus derechos, las respuestas y quienes deben brindarlas han cambiado bastante.

Los defensores externos, desde Fray Bartolomé de las Casas hasta Amnistía Internacional serían, y siguen siendo, bienvenidos. No obstante, los pueblos indígenas ahora hablan por sí mismos con mayor frecuencia. Esta voz ya no grita simplemente: " Abajo! En este nuevo contexto, los pueblos indígenas y, en especial, sus organizaciones, ya no expresan sus demandas solamente para "acabar" con los asesinatos;"abstenerse" de expropiarles tierras y recursos naturales; poner fin a la reubicación forzosa y "terminar" con la denigración cultural.

Entre sus principales reclamos figura el de una ciudadanía eficaz e incluyente, con dignidad y sin pérdida de la identidad. Actualmente los pueblos indígenas buscan el poder y la posición que necesitan para entablar relaciones con el Estado, en lugar de limitarse a rechazar las violaciones que éste tolera, o comete.

Al mismo. Los derechos imprescriptibles o "positivos" configuran lo que el Estado "debería" hacer. En muchos casos, para su cumplimiento, ya sea inmediato o progresivo, es. Schell Jr. Press, Este trabajo es posterior a la mayor parte de las investigaciones sobre derechos humanos y, por tanto, reconoce que los derechos detallados en cada pacto se superponen e interconectan, y que los diferentes pactos surgieron como tratados independientes por motivos históricos y geopolíticos.

Ver Jack Donnelley, ob. Las obligaciones son costosas cualesquiera sean las circunstancias. En los países en vías de desarrollo, incluso en aquellos cuyos gobernantes han expresado buenas intenciones, las autoridades sostienen —aunque no sin cuestionamientos— que los costos son prohibitivos. Dado que obligan a los estados a tomar decisiones políticas, los derechos imprescriptibles siempre se relacionan con la política de partidos, o al menos se los acusa de ello.

Por eso se suele poner en tela de juicio la autoridad moral de sus defensores. Por consiguiente, los argumentos a favor de los derechos de los indígenas, en especial los relacionados con los derechos grupales y por ende, para algunos, situaciones en las que si unos ganan, otros necesariamente pierdenno gozan del apoyo universal que sí tiene, por ejemplo, el derecho a la vida.

Obviamente, los gobiernos, que antes decidían a favor o contra los grupos indígenas, se sienten amenazados, pero incluso las principales organizaciones de derechos humanos se manejan con cautela en este complejo y por lo general mal comprendido contexto cultural.

Press, Ver especialmente pp. EdiciónIthaca, Cornell University Press, Los derechos de ciudadanía se han convertido en uno de los principales objetivos de las organizaciones indígenas. Para permitirla, es necesario un grado alto de colaboración y una comunicación eficiente entre el Estado y los pueblos indígenas.

Sostiene que los pueblos indígenas reflejan el "lado oscuro de la modernidad": la voz irracional que excluyó asimétricamente al Otro de toda racionalidad y, al hacerlo, anuló la posibilidad de que hubiera una "comunidad de debate" en la que todos los participantes fueran respetados como iguales. Press,p. Para superarlo hace falta No pudo determinar qué causó los problemas dermatológicos; pero por referencia consideró que podían haber sido producidas por insectos. No conoció a profundidad el Protocolo de Estambul, Manual de Naciones Unidas para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes.

Durante los veinticuatro años que trabajó como médico forense de la policía y diecinueve como forense del servicio médico legal, nunca ha denunciado la existencia de lesiones producidas por tortura, dado que es el juez quién determina esto con la pericia que los médicos aporten y con las recomendaciones que formulen.

Evaluó la tortura a la que fue sometido el señor Tibi y sus respectivas consecuencias físicas y psicológicas. En los primeros informes médicos correspondientes al período de detención del señor Daniel Tibi no hay una clara definición haverhill ma pony rides la tipología de las lesiones que aparecen en la piel de éste.

Las lesiones son denominadas de forma inespecífica y genérica en términos médicos. Tampoco hay una determinación de las posibles causas de dichas lesiones. Asimismo, el señor Tibi fue examinado por un otorrinolaringólogo y por un traumatólogo después de su excarcelación que describe las lesiones de dos hernias discales en la zona lumbar.

Los informes médicos legales deberían tener datos sobre la situación general del paciente. Realizó una entrevista clínica al señor Tibi y revisó testimonios de algunas personas referidas al caso.

En la entrevista que mantuvo con la presunta víctima pudo constatar que narra coherentemente las circunstancias y los hechos. No hay una exageración en su relato respecto a la posible continuidad de las sesiones de tortura o las diferentes lesiones que muestra; no las atribuye todas a condiciones de maltrato sino a otro tipo de situaciones que también vivió durante su detención. Como resultado de su evaluación, pudo concluir que hay un período entre los meses de febrero y abril de en los que el señor Tibi aparece con una serie de lesiones bastante graves, como el hundimiento del malar izquierdo, la pérdida de parte de las piezas dentales de la arcada superior y una desviación del tabique nasal.

Asimismo, de la revisión médica que realizó al señor Tibi, fotografió e identificó al menos cinco lesiones que corresponden a quemaduras de cigarrillo. Hay muchas otras lesiones que no podría decir a ciencia cierta si corresponden o no a quemaduras de cigarrillo. Las sumersiones en agua como método de tortura producen una sensación de asfixia muy angustiante, no deja lesiones físicas, salvo algunas lesiones en un tipo muy reducido, como por ejemplo por maniobras de presión sobre el cuello, y unas pequeñas hemorragias en la esclerótica del ojo.

Los choques eléctricos en los testículos son una agresión muy importante en una zona muy sensible del cuerpo. Las lesiones que presentaba el señor Tibi eran visibles y era obvio que requerían atención médica. La falta de tratamiento médico adecuado para las lesiones tienen un impacto grande en el proceso de recuperación. Tiene una hepatitis C y la existencia del linfoma tipo B. El señor Tibi requiere que se de perdre des hanches avec le velo médico a estas enfermedades.

Daniel Tibi mostró una disminución progresiva de la sintomatología que presentó durante el período de detención, caracterizada por una reacción de estrés agudo.

En la actualidad sigue mostrando cambios frecuentes en el humor, problemas como la irritabilidad, y falta de control de las situaciones de agresividad que anteriormente confrontaba en la vida cotidiana. No tuvo acceso a un proceso legal adecuado para poder defenderse y lograr su liberación. Los síntomas psicológicos que ha identificado en el señor Daniel Tibi son consistentes con la secuelas que produce la tortura. El señor Tibi no presentaba esas psicopatías antes de los acontecimientos, por lo que se puede concluir que tienen su origen en las condiciones del encarcelamiento al que fue sometido.

Asimismo, el encarcelamiento del señor Tibi afectó su imagen ante su familia y la sociedad. Después de su liberación, el señor Tibi recibió tratamiento psicológico en Francia, pero no lo continuó.

La sintomatología de depresión y desesperanza llevó a la presunta víctima a pensar que nada podría ayudarlo a recuperar la persona que era antes. El señor Tibi construyó en Ecuador un estilo de vida confortable y tenía pensado pasar allí el resto de su vida con su familia.

Al regresar a Francia intentó iniciar negocios de nuevo, pero su depresión y los períodos de inactividad en los que se veía inmerso con frecuencia le impidieron prosperar en las iniciativas de negocios y en los trabajos que obtuvo. La señora Beatrice Baruet sufrió intensamente cuando el señor Daniel Tibi fue detenido y no tenía información sobre su paradero.

Asimismo, padeció constante angustia durante los dos años que el señor Tibi estuvo en prisión preventiva. Se puede decir que ella sufrió los mismos efectos de la tortura y la detención a la que fue sometido su compañero. Por otra parte, la señora Baruet tenía la preocupación de proveer el sustento de sus hijas y brindarle apoyo al señor Tibi.

Fue afectada por los cambios de la personalidad del señor Daniel Tibi y por la disolución de su familia como consecuencia de los acontecimientos.

Pidió licencia en su trabajo y estuvo sin trabajar por siete meses. Ambos presentan síntomas de angustia, transpiración en las manos, cambió de la perspectiva del mundo y de la vida.

Las hijas de la señora Beatrice y del señor Tibi sienten que perdieron a su familia a raíz de los hechos. Los daños psicológicos y emocionales producidos en el señor Tibi, la señora Baruet y las niñas por la detención y el encarcelamiento de aquél son profundos y de larga duración.

Como medidas de reparación requieren tanto apoyo psicológico como que se haga justicia, que es un primer paso para sentir que hay un reconocimiento del sufrimiento. Las estadísticas muestran que entre los años yera del cuarenta y dos por ciento.

El período de veintiocho meses sufrido por el señor Tibi para probar su inocencia es un buen promedio de lo que necesita alguien en el Ecuador para salir de la prisión aun siendo inocente.

La vida en la Penitenciaría del Litoral refleja un sistema de injusticia y mercantilización de todo favor o ventaja a favor de los internos. Como baños utilizan hoyos en el piso y tubos por los cuales eventualmente sale agua. Debido a la población y a lo reducido del espacio se dificulta la respiración de los detenidos.

Ésta se encuentra al ingreso de la Penitenciaría del Litoral y todos los internos que entran a esa penitenciaría son llevados a ésta y amenazados de que ahí van a permanecer. La amenaza hace que los internos de la red penal ecuatoriana definitivamente estén dispuestos a pagar casi cualquier precio para ser asignados a una de las celdas de privilegio. En este centro penitenciario el sistema de clasificación de detenidos se funda en la capacidad monetaria de éstos.

En el año las denuncias recibidas en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDH contra policías y guardias penitenciarios registraron, tres detenidos desaparecidos, la cifra se elevó a catorce víctimas entre y29 homicidios, 51 casos de tortura, casos de agresión física y de privación ilegal de libertad. Sin embargo, dicho centro cuenta con tres o cuatro médicos que trabajan cuatro horas al día de lunes a viernes para atender a tres mil quinientos internos.

La Constitución Politica del Ecuador de ofrece pautas elementales que deberían ser aplicadas para mejorar el Sistema Penitenciario Ecuatoriano. En primer lugar, la limitación de los períodos en que una persona puede permanecer en detención preventiva y, en segundo lugar, la adhesión a un régimen mínimo de separación y clasificación de procesados o indiciados, para que los primeros permanezcan en centros de detención provisional.

Es necesaria una modificación del sistema penal ecuatoriano que comprenda cambios en la legislación, en el sistema de investigación criminal y en el sistema penitenciario. La impunidad en el Ecuador es uno de los graves problemas que aqueja al país.

En ocasiones han existido hasta sesenta denuncias en un año en contra de policías que habían abusado de los derechos humanos, sobre las cuales no se ha obtenido una sola sentencia. En este caso, como en otrosel Tribunal admite el valor probatorio de los documentos presentados por las partes en la debida oportunidad procesal o requeridos como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue cuestionada.

Sin embargo, esta Corte las admite en cuanto concuerden con su objeto, tomando en consideración las objeciones opuestas por las partes, y las valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica.

La Corte ha reiterado que las partes deben allegar al Tribunal las pruebas solicitadas por éste, sean documentales, testimoniales, periciales o de otra índole. En particular, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, es el Estado quien tiene el deber de allegar al Tribunal las pruebas que sólo puedan obtenerse con su cooperación.

El Tribunal incorpora al acervo probatorio la documentación remitida por la Comisión y los representantes como prueba para mejor resolver en aplicación de lo dispuesto en el artículo Por ello se agregan al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo Este Tribunal estima que por tratarse de la presunta víctima y tener interés directo en este caso, sus manifestaciones no pueden ser apreciadas aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso.

Las manifestaciones de la presunta víctima tienen un valor especial, pues es ella quien puede proporcionar mayor información sobre las consecuencias de las violaciones que pudieron haber sido perpetradas en su contra.

La Corte estima que por tratarse de un familiar de la presunta víctima y tener interés directo en este caso, sus manifestaciones no pueden ser valoradas en forma aislada, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso.

Las pruebas presentadas durante el proceso han sido integradas a un solo acervo, que se considera como un todo. El señor Daniel Tibi, de nacionalidad francesa, nació el 23 de noviembre de y tenía 36 años de edad cuando ocurrieron los hechos.

Residía en la Ciudad de Quito, Ecuador, se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano, y manifestó que no tenía matrícula de comercio. Fue detenido por agentes del Estado el 27 de septiembre de Luego de permanecer veintisiete meses, tres semanas y tres días privado de libertad, fue liberado el 21 de enero de La señora Beatrice Baruet, de nacionalidad francesaconvivía con el señor Daniel Tibi cuando ocurrieron los hechos del caso.

La señora Baruet tiene dos hijas: Sarah Vachon, quien nació el 27 de agosto dey Jeanne Camila Vachon, quien nació el 1 de octubre de Al momento de los hechos, Sarah tenía doce años de edad y Jeanne Camila seis. Las dos niñas vivían con su madre y el señor Daniel Tibi. La señora Baruet tenía tres meses de embarazo. En ese momento, su padre permanecía detenido en la Penitenciaría del Litoral.

El señor Valerian Edouard Tibi, hijo de una relación anterior del señor Daniel Tibi, nació el 10 de septiembre de y vivía en Francia. Al momento de los hechos, tenía 13 años y mantenía comunicación con su padre. Valerian Edouard, el hijo del señor Tibi, no pudo visitarlo ni verlo durante su encarcelamiento.

Después de ser liberado, el señor Tibi regresó a Francia y se separó de la señora Beatrice Baruet, de su hija e hijastras. El 27 de septiembre dea las Al momento de la detención del señor Tibi, fueron incautadas sus pertenencias. Las autoridades le comunicaron en ese momento que debía viajar a Guayaquil, ciudad situada a kilómetros de distancia de Quito, y que regresaría esa misma noche. El 28 de septiembre de el señor Tibi fue llevado ante el Fiscal Oswaldo Valle Cevallos, ante quien rindió su declaración preprocesal, sin la presencia de juez ni de abogado defensor.

Después de reconocer a esta persona el señor Tibi explicó porque éste había visitado su casa. Al momento de su detención, no se permitió al señor Tibi comunicarse con quien era su compañera ni con el Consulado de su país. Posteriormente, pudo informarle a la señora Beatrice Baruet que se encontraba detenido en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

Sin embargo, cuando la señora Baruet fue a dicho cuartel los oficiales encargados le indicaron que el señor Tibi no se encontraba ahí. La señora Baruet y un abogado visitaron otros lugares de detención de Guayaquil, con el propósito de hallar al señor Daniel Tibi, pero regresaron a la ciudad de Quito sin conseguirlo. Unos días después, a través de la esposa de un detenido en la Penitenciaría del Litoral, el señor Tibi pudo comunicar a su entonces compañera el lugar de su detención.

El señor Tibi se enteró del contenido del auto cabeza del proceso algunas semanas después, por medio del abogado de otro detenido. El señor Daniel Tibi no fue llevado de manera inmediata ante el Juez de la causa, ni interrogado por éste. El señor Tibi estuvo sin defensa letrada durante un mespese a que en el auto cabeza de proceso se le había designado un defensor de oficiohecho que él ignoraba, a quien nunca tuvo oportunidad de conocer.

El 6 de marzo de el señor Eduardo Edison García León formuló una segunda declaración, en la cual reiteró lo dicho en la primera. En dicha declaración el señor Tibi no aceptó los cargos que se le imputaban. Esta providencia fue elevada de oficio en consulta ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El 14 de enero de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil confirmó el sobreseimiento provisional del rajeunissement bas visage photo y del sindicado a favor del señor Daniel Tibi.

Una vez en libertad, el señor Daniel Tibi viajó a París, Francia. El señor Tibi permaneció bajo detención preventiva, en forma ininterrumpida, en centros de detención ecuatorianos, desde el 27 de septiembre de hasta el 21 de enero de El 22 de julio de el Presidente de la Corte Superior de Guayaquil denegó el recurso de amparo judicial interpuesto por el señor Tibi, con base en que no se habían desvirtuado en el proceso los méritos del cargo que sirvieron para fundamentar la prisión preventiva del detenido.

El 2 de octubre de el señor Daniel Tibi, a través de su abogado, interpuso un segundo recurso de amparo judicial ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en el cual solicitó su libertad por incumplimiento del artículo del Código de Procedimiento Penal y el artículo El 21 de octubre de el señor Daniel Tibi presentó ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil una solicitud para que se aclarara y ampliara el fallo por medio del cual se le había denegado el recurso de amparo judicial.

A la fecha de la presente Sentencia, la Corte desconoce la respuesta dada a esta solicitud. En octubre de el señor Tibi presentó una queja contra el Juez Primero de lo Penal del Guayas por la demora en resolver su caso y por su actuación. El 7 de octubre de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Reclamos de la Corte Suprema de Justicia se avocó al conocimiento de la queja interpuesta por el señor Tibi en contra del Juez Primero de lo Penal del Guayas.

La policía de Quito incautó los bienes y valores que tenía consigo el señor Daniel Tibi cuando fue detenido. No se tiene conocimiento del resultado de dicha consulta. Cuando el señor Tibi regresó a Francia realizó gestiones en la Embajada del Ecuador en París, junto con su abogado, con el objeto de reclamar sus bienes.

Como consecuencia de los hechos dejó de percibir ingresos, lo que le causó daños materiales. La presunta víctima no tenía un salario fijo mensual; su ingreso era fluctuante, porque dependía de la comercialización de los bienes que vendía. Con sus ingresos contribuía a sostener a su entonces compañera Beatrice Baruet y a su familia. En ese pabellón estaban recluidas entre y personas, en un espacio de m2. Allí permaneció encerrado las veinticuatro horas del día, el lugar no tenía ventilación ni luz adecuada y no se le proporcionó alimento.

Tuvo que pagar a otros internos para que le trajesen comida. El 19 de febrero de el señor Tibi fue recluido en el pabellón de indisciplinados, donde fue atacado por otros reclusos.

No había sistema de clasificación de reclusos en el centro penitenciario donde se encontraba detenido el señor Daniel Tibi. Posteriormente se repitieron los golpes y las quemaduras. En otra ocasión lo golpearon con un objeto contundente y sumergieron su cabeza en un tanque de agua. Estos verificaron que sufría de heridas y traumatismospero nunca recibió tratamiento médico ni se investigó la causa de sus padecimientos. Después de su regreso a Francia, el señor Tibi fue examinado por médicos franceses, quienes constataron las lesiones que había sufrido.

Como consecuencia de pomme i dietetique hechos que motivaron este caso el señor Daniel Tibi ha sufrido y sigue sufriendo trastornos de salud física y psíquica, algunos de los cuales podrían aliviarse, mientras que otros podrían durar toda la vida. Debido a dichos trastornos, ha tenido que recibir tratamiento médico, e incurrido en diversos gastos. El señor Daniel Tibi y sus familiares siguen sufriendo por la impunidad que impera en este caso.

Respecto de los daños materiales e inmateriales causados a la familia del señor Daniel Tibi. Por motivo de los hechos del presente caso, la señora Beatrice Baruet, ex compañera del señor Daniel Tibi, vió afectadas sus relaciones laborales y económicas. La detención y encarcelamiento del señor Daniel Tibi y otros hechos derivados de esa situación han causado sufrimiento, angustia y dolor a los miembros de la familia. La señora Beatrice Baruet desconoció el paradero del señor Tibi durante los primeros momentos posteriores a su detención.

Al momento de los hechos, la señora Baruet tenía tres meses de embarazo y en esas condiciones viajó numerosas ocasiones, por lo menos 72 veces, a Guayaquil para visitar a su compañero en el centro de detención. Después de haber sido puesto en libertad el señor Tibi, se produjo la ruptura del vínculo familiar de éste con la señora Beatrice Baruet, sus hijastras y su hija.

El señor Tibi y su familia incurrieron en gastos relacionados con las diversas diligencias administrativas y judiciales realizadas. Respecto de la representación del señor Daniel Tibi y sus familiares ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y los gastos relativos a su representación.

La Constitución no establece ninguna otra situación en la cual no sea necesaria la orden de autoridad competente. La detención se realizó en contravención de los procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal del Ecuador y, en consecuencia, el incumplimiento de la ley ecuatoriana constituyó una violación del artículo 7.

El proceso de captura y detención en el presente caso no se ajusta al debido proceso. La privación de la libertad del señor Tibi fue arbitraria, bajo los términos del artículo 7. Al no informar al señor Tibi de las razones de su detención y de los cargos que se le imputaban, se violó el artículo 7.

En este sentido, debe demostrarse que la detención estuvo bien fundada desde el inicio. Una vez dictado el sobreseimiento provisional, la detención de una persona no es razonable ni legítima, y no cumple con la necesidad de que haya proporcionalidad.

La detención también fue injusta, porque sólo se contaba, como prueba en contra del señor Tibi, con una declaración de otro coacusado prohibida por el propio ordenamiento interno, en el artículo del Código de Procedimiento Penaldeclaración presuntamente obtenida también bajo tortura, es decir, violando el debido proceso. La correcta notificación de la imputación es determinante para el ejercicio del derecho de defensa, ya que establece el objeto del procedimiento.

La revisión judicial es el mecanismo de control idóneo para evitar detenciones arbitrarias e ilegales. Los objetivos de la presentación ante un juez u otra autoridad judicial son: evaluar si hay razones jurídicas suficientes para el arresto y si se requiere la detención antes del juicio, salvaguardar el bienestar del detenido y evitar la violación de los derechos fundamentales del detenido.

Tampoco hay constancia de que el juez se haya traslado a la penitenciaría en donde estaba el señor Tibi. En el presente caso, Daniel Tibi fue llevado ante un fiscal, nunca compareció ante un juez y dicho fiscal no cumplía los requisitos ya mencionados.

Nunca privó arbitrariamente de la libertad a los sindicados, sino lo hizo basado en serias presunciones y después de un operativo judicial. La fecha de inicio del cómputo del tiempo, en este caso, sería el 27 de septiembre dedía en el que el señor Tibi fue detenido. La prision preventiva debe sujetarse a ciertos requisitos de forma: competencia, formalidades, agentes de la aprehensión y contenido del auto. La detención preventiva en contra apres accouchement perte de poids rapide femme señor Daniel Tibi, como medida excepcional, era necesaria, conforme a los requisitos señalados, por lo que no existió violación alguna al derecho a la libertad personal.

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.

Asimismo, este Tribunal ha manifestado, en relación con los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la Convención, sobre la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, que:.

En el segundo supuesto? La Constitución Política del Ecuador, codificada envigente al momento de la detención del señor Daniel Tibi, disponía en su artículo El Código de Procedimiento Penal del Ecuador devigente en la época de los hechos, establecía en su artículo que:.

Los motivos de la detención; 2. El lugar y la fecha en la que se la expide; y 3. De conformidad con los artículos A la luz de lo anterior, la detención ilegal del señor Daniel Tibi configura una violación al artículo 7. Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad; y 2. Por ello, este Tribunal considera que la prisión preventiva a la que estuvo sometido el señor Tibi fue arbitraria y constituyó violación del artículo 7.

Esta Corte ha establecido que el artículo 7. Tanto éste como quienes ejercen representación o custodia legal de él tienen derecho a ser informados de los motivos y razones de la detención y acerca de los derechos que tiene el detenido. En el caso sub judice se ha demostrado que el señor Tibi, al momento de su detención, efectuada el 27 de septiembre deno fue informado de las verdaderas razones de aquélla, ni notificado de los cargos que se le imputaban y los derechos con que contaba, y tampoco se le mostró la orden de detención, que el Juez Primero de lo Penal del Guayas dictó un día después, 28 de septiembre de La notificación a un familiar o allegado tiene particular relevancia, a efectos de que éste conozca el paradero y las circunstancias en que se encuentra el inculpado y pueda proveerle la asistencia y protección debidas.

Esto no ocurrió en el presente caso. Con base en lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que el Estado violó el artículo 7. El artículo 7. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.

Tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea de Derechos Humanos han destacado la importancia que reviste el pronto control judicial de las detenciones. Quien es privado de libertad sin control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez. El artículo del Código de Procedimiento Penal del Ecuador establecía que:. En el presente caso, el señor Tibi fue presentado el 28 de septiembre de ante un Agente Fiscal.

Este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. En primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artículo 7. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal.

El hecho de que un juez tenga conocimiento de la causa o le sea remitido el informe policial correspondiente, como lo alegó el Estado, no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente ante el juez o autoridad competente. En el expediente no hay prueba alguna para llegar a una conclusión diferente.

Asimismo, el agente fiscal no poseía facultades suficientes para garantizar el derecho a la libertad y la integridad personales de la presunta víctima.

Por otra parte, el artículo 7. Toda vez que la detención del señor Daniel Tibi fue ilegal y arbitraria, el Tribunal no considera necesario entrar a considerar si el tiempo transcurrido entre su detención y su liberación sobrepasó los límites de lo razonable. Por ello, la Corte considera que el Estado no cumplió con su obligación de hacer comparecer al señor Daniel Tibi, sin demora, ante una autoridad judicial competente, como lo requiere el artículo 7.

Es consecuencia, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 7. Se negó a la presunta víctima la protección judicial de la ley a que se refiere el artículo 25 de la Convención. El primero fue promovido el 1 de julio de y en él se alegaba que no había prueba que vinculara al señor Tibi al delito que se le imputaba. La Corte Superior de Guayaquil demoró 22 días para dictar su resolución.

El recurso de amparo se volvió ilusorio e inefectivo, porque se incurrió en un retardo injustificado en la decisión sobre el mismo. El segundo recurso fue interpuesto el 2 de octubre deen vista de que el señor Tibi ya había sido sobreseído provisionalmente y debía ser puesto inmediatamente en libertad, conforme al artículo del Código de Procedimiento Penal.

Este recurso fue resuelto de manera negativa en desconocimiento de lo determinado por la Constitución y las leyes ecuatorianas; y. En este sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en estado de indefensión. Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo La Constitución Política del Ecuador, codificada envigente al momento de la detención del señor Daniel Tibi, y la Constitución Política, codificada enen los artículos Al respecto, este Tribunal advierte que el artículo 7.

En este caso, este presupuesto no se cumplió porque el recurso fue resuelto 21 días después de su interposición, plazo a todas luces excesivo. El 3 ó 5 de septiembre de el Juez Segundo de lo Penal del Guayas, Subrogante del Décimo Octavo de lo Penal del Guayas, dictó auto de sobreseimiento provisional del proceso y del sindicado, a favor del señor Daniel Tibi.

Este Tribunal solicitó a las partes, el 27 de julio deque remitieran como prueba para mejor resolver la decisión de la Corte Superior de Guayaquil que resolvería el recurso de amparo judicial interpuesto por el señor Tibi el 2 de octubre de No se recibió la constancia requerida.

El Estado no demostró que este recurso se había resuelto sin demora, por lo que es razonable concluir que éste no fue efectivo, en términos del artículo 7. Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.

En cuanto a la alegación hecha por la Comisión y por los representantes de las presunta víctima y sus familiares en el sentido de que se habría violado el artículo 2 de la Convención, este Tribunal considera que los hechos del caso no se encuadran dentro de los presupuestos de tal precepto.

Aunque el Ecuador niega su responsabilidad, no ha ofrecido explicación sobre estas heridas. El Estado no respondió con la debida diligencia a las torturas infligidas al señor Daniel Tibi y los responsables han quedado —hasta el momento- en la impunidad.

Todos estos hechos han causado al señor Daniel Tibi profundos daños físicos y psicológicos, que hasta la fecha perduran, y por los cuales es responsable el Estado. La investigaciones de estos delitos se hacen de oficio. El señor Tibi vio conculcado su derecho a la integridad personal por las condiciones carcelarias inhumanas, crueles y degradantes a las que fue sometido.

Esta obligación nace de varias normas. Sin embargo, el Código Penal ecuatoriano presenta serios vacíos en la tipificación y sanción de la tortura y los malos tratos.

La tortura de una persona trae consecuencias adversas para sus familiares. No contó con la presencia de éste durante los dos primeros años de su vida. En numerosas ocasiones fue llevada por su madre a la penitenciaría, donde estuvo sometida a un ambiente insalubre y peligroso para una recién nacida; y. Desde que supo que estaba detenido perdió la confianza en su padre y hasta hoy no mantiene una relación estable con él.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

Existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del ius cogens. Esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección.

La Convención Interamericana contra la Tortura, que entró en vigor en el Estado el 9 de diciembre deforma parte del corpus iuris interamericano que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y alcance de la disposición general contenida en el artículo 5.

Conviene atender, en especial, al artículo 2 de la Convención Interamericana contra la Tortura, que define a ésta como:. Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica. Durante estas sesiones, la presunta víctima recibió golpes de puño en el cuerpo y en el rostro, quemaduras en las piernas con cigarrillos y descargas eléctricas en los testículos.

En una ocasión fue golpeado con un objeto contundente y en otra se le sumergió la cabeza en un tanque de agua. Los actos de violencia perpetrados de manera intencional por agentes del Estado contra el señor Daniel Tibi produjeron a éste grave sufrimiento físico y mental. La ejecución reiterada de estos actos violentos tenía como fin disminuir sus capacidades físicas y mentales y anular su personalidad para que se declarara culpable de un delito.

Todo ello constituye una forma de tortura, en los términos del artículo 5. De conformidad con ese precepto toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal.

Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos. Allí debía permanecer durante todo el día, sin ventilación ni luz suficiente, y no se le proporcionaba alimento. La descripción de las condiciones en las que vivió el señor Daniel Tibi durante su detención evidencian que éstas no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, conforme a su condición de ser humano, en el sentido del artículo 5 de la Convención.

A su vez, la Corte Interamericana entiende que, conforme al artículo 5 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal. Este Tribunal observa que, a pesar de su grave situación física y psicológica, el señor Tibi nunca fue sometido a un tratamiento o atención médica adecuados y oportunos en el centro penitenciario, lo que ha tenido consecuencias desfavorables para su estado de salud actual.

La deficiente atención médica recibida por la presunta víctima es violatoria del artículo 5 de la Convención Americana. Por otra parte, los representantes de la presunta víctima y sus familiares alegaron que el Estado había violado en perjuicio del señor Tibi el artículo 5. La Corte considera que la falta de separación de reclusos descrita es violatoria del artículo 5. La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.

En el presente caso, la Corte observa que el Estado no actuó con arreglo a esas previsiones. El señor Daniel Tibi presentó serias lesiones cuando estuvo detenido en la Penitenciaría del Litoral, lo que debió ser motivo suficiente para que las autoridades competentes iniciaran, de oficio, una investigación sobre lo ocurrido a éste. Desde que entró en vigor en el Ecuador la referida Convención Interamericana contra la Tortura 9 de diciembre dees exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado.

Por ello, para la Corte esta conducta constituye una violación de los artículos 5 de la Convención Americana, en relación con el 1. Esta Corte observa que la señora Beatrice Baruet, sus hijas Sarah y Jeanne Camila Vachon, Lisianne Judith Tibi, hija de ella y el señor Tibi y Valerian Edouard Tibi, hijo del señor Tibi, vieron afectada su integridad personal como consecuencia de la detención ilegal y arbitraria, la falta del debido proceso y la tortura a que fue sometida la presunta víctima.

Las afectaciones de éstos consistieron, entre otros, en la angustia que les produjo no conocer el paradero de la presunta víctima inmediatamente después de su detención; y en los sentimientos de impotencia e inseguridad por la negligencia de las autoridades estatales para hacer cesar la detención ilegal y arbitraria del señor Tibi; y el temor que sentían por la vida de la presunta víctima. En consecuencia de lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 8 de la Convención, la Comisión alegó que:. El plazo razonable debe calcularse a partir del primer acto del proceso penal, como es el arresto del acusado, y hasta que se dicta una sentencia definitiva. En la declaración que formuló la presunta víctima ante el Fiscal el 28 de septiembre deno aparece firma de alguna persona a la que se identifique como su abogado. Los representantes de la presunta víctima y sus familiares señalaron que coinciden con la Comisión en lo que atañe a la responsabilidad estatal por la violación del artículo 8 de la Convención por el Estado.

No obstante, realizaron algunas observaciones adicionales, a saber:. El proceso se extendió hasta el 14 de enero defecha en que debió dictarse de oficio el sobreseimiento definitivo. Esto es a todas dudas irrazonable. El señor Tibi rindió su declaración preprocesal ante el Fiscal el 28 de septiembre desin la presencia de un abogado defensor. No obstante, el señor Chica nunca se entrevistó con el señor Tibi ni presentó escrito o recurso a su favor.

El Estado omitió la notificación al Estado de Francia sobre la detención, procesamiento y enjuiciamiento del señor Tibi, lo cual muestra desconocimiento de los compromisos que el Estado ecuatoriano adquirió con la ratificación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; e. Se le infligió torturas al menos en siete ocasiones. La razonabilidad del plazo al que se refiere ese precepto se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva.

La Corte se pronunció en el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Cuando no es aplicable esta medida, pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso.

La aprehensión del señor Daniel Tibi ocurrió el 27 de septiembre de Por lo tanto, se debe apreciar el plazo a partir de ese momento. Asimismo, este Tribunal ha establecido que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción, y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.

La Corte no tiene conocimiento de que se haya dictado auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del sindicado, en los términos del artículo del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, el 27 de julio de este Tribunal solicitó a las partes que, como prueba para mejor resolver, remitieran copias de nuevas resoluciones dictadas en el proceso penal seguido en contra del señor Daniel Tibi a partir del 14 de enero desi las hubiere.

No se recibió la información requerida. Por lo tanto, la Corte concluye que el Estado ha violado, en perjuicio del señor Daniel Tibi, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que establece el artículo 8.

Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8. En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla general artículo 9.

Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos.

Esto demuestra que se trató de inculpar al señor Tibi sin indicios suficientes para ello, presumiendo que era culpable e infringiendo el principio de presunción inocencia. Considerados en su conjunto, los datos correspondientes al procesamiento penal del inculpado no solo no acreditan que se le hubiera tratado como corresponde a un presunto inocente; sino muestran que en todo momento se actuó, con respecto a él, como si fuere un presunto culpable, o bien, una persona cuya responsabilidad penal hubiere quedado clara y suficientemente acreditada.

Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8. En este sentido, en la Observación General No. El artículo 8. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración.

Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa. En el caso sub judice quedó demostrado que no se notificó a la presunta víctima del auto cabeza del proceso ni los cargos que había en su contra. En consecuencia, este Tribunal declara que el Estado violó el artículo 8. Pese a la norma constitucional citada, el señor Daniel Tibi no tuvo acceso a un abogado durante su primer mes de detención.

Un día después de ésta, el 28 de septiembre dela presunta víctima rindió su declaración preprocesal ante el fiscal, sin contar con la asistencia de un abogado defensor. Como se demostró, en el auto cabeza del proceso que declaró abierta la etapa de sumario, dictado el 4 de octubre deel Juez designó un abogado de oficio para el señor Daniel Tibi y los otros sindicados. Ese abogado no visitó a la presunta víctima ni intervino en su defensa. Si bien el señor Tibi logró comunicarse posteriormente con un abogado particular, no pudo contratar sus servicios por falta de recursos económicos.

A su vez, la Corte observa que el señor Tibi, como detenido extranjero, no fue notificado de su derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país con el fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo La inobservancia de este derecho afectó el derecho a la defensa, el cual forma parte de las garantías del debido proceso legal. De lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8. En razón de lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 8.

Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que el Estado violó el artículo 8. En cuanto a la supuesta violación del derecho a la protección de la familia, consagrado en el artículo 17 de la Convención Americana, los representantes de la presunta víctima y sus familiares alegaron que:. No obstante, nunca se concedió el traslado. La Comisión no formuló alegato en relación con el artículo 17 de la Convención Americana. El Estado no hizo alegato acerca del artículo 17 de la Convención Americana.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. En cuanto a la supuesta violación del derecho del señor Daniel Tibi a la propiedad privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención, la Comisión alegó que:. Luego del sobreseimiento, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dispuso la devolución de esas pertenencias, y ello no ha ocurrido. Le manifestaron que no podía regresar al Ecuador, porque había sido declarado persona no grata.

Si bien el señor Tibi no fue absuelto, porque su caso no llegó a la etapa del plenario del procedimiento penal ecuatoriano, fue sobreseído provisionalmente. Las pruebas en su contra eran tan escasas que el Juez se abstuvo de llevarlo a juicio; y. En cuanto al automóvil marca Volvo, que conducía el señor Tibi, los agentes policiales encontraron que la matrícula del automotor, de placas PGNestaba a nombre del señor Edgar Herrera Santacruz; y.

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constituye un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organización de su economía, mientras cumpla su función social […].

La Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador, en el artículo establece que. Se ha probado que fueron incautadas las pertenencias que el señor Daniel Tibi tenía en su poder al momento de su detención. La Corte no tiene conocimiento sobre la resolución que hubiese dictado, en su caso, la Corte Superior de Justicia. En el presente caso, el señor Tibi se hallaba en una posesión no controvertida de los bienes al momento de su detención.

Esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otras cosas, la posesión de los bienes. En el presente caso no consta que persona alguna haya reclamado la propiedad del automóvil que se encontraba en poder del señor Tibi, por lo cual no debería presumirse que no le pertenecía dicho bien.

En consecuencia, era procedente respetar la posesión que ejercía. En suma, los bienes incautados al señor Tibi, al momento de la detención, se encontraban bajo su uso y goce.

Al no serle devueltos, se masseur anti cellulite medicura avis privó de su derecho a la propiedad. El señor Tibi no estaba obligado a demostrar la preexistencia ni la propiedad de los bienes incautados para que estos le fueran devueltos.

Es por ello que la Corte concluye que el Estado violó el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, el Estado es responsable por la violación de los artículos 5, 7, 8, 21 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1. Asimismo, fue declarada la violación del artículo 5. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación.

La reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución restitutio in integrumque consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados.

El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Ésta queda sujeta en todos los aspectos alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios al Derecho Internacional.

A través de las reparaciones, se procura que cesen los efectos de las violaciones perpetradas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de las violaciones cometidas, del bien jurídico afectado y el daño material e inmaterial ocasionados.

No deben implicar enriquecimiento o empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. La Comisión considera que el beneficiario de las reparaciones debe ser el señor Daniel Tibi. Los representantes de la víctima y sus familiares señalaron que: a el señor Daniel Tibi debe ser el beneficiario de las reparaciones derivadas de la violación, por parte del Ecuador, de los artículos 1.

El Estado no se refirió a los titulares de la reparación en el presente caso. En los términos del artículo La indemnización se debe fijar a partir del 27 de septiembre de. El señor Daniel Tibi indicó que su esposa realizó 74 viajes desde Quito a Guayaquil, y que en varias ocasiones la acompañaba una de sus hijas. En cada caso, la señora Baruet permanecía alrededor de tres días en la prisión. Desaparecieron las comodidades que la familia tenía antes de la detención; tan extrema fue la situación que la señora Baruet enviaba al señor Daniel Tibi todo el dinero que le quedaba después de pagar los gastos de renta del inmueble en el que vivía.

Cuando la familia regresó a Francia había perdido todo. Tuvieron que vender sus propiedades. El regreso a Francia les implicó dificultades para obtener empleo y percibir suficientes ingresos para su manutención. El señor Daniel Tibi no puede desplegar actividades laborales normales y la señora Beatrice Baruet estuvo desempleada durante varios meses. En Francia pudieron subsistir gracias a la generosidad de los padres de la señora Baruet.

Se solicita a la Corte que fije en equidad una reparación al daño patrimonial familiar y la entregue al señor Tibi y a la señora Baruet. Ecuador sostuvo que no hubo violación de los derechos del señor Tibi y, por lo tanto, no procede entrar a la etapa de reparaciones. Tomando en cuenta las pretensiones de las partes, el acervo probatorio y la jurisprudencia establecida por la Corte en esta materia, el Tribunal considera que la indemnización por el daño material debe también comprender:.

Con base en todo lo anterior, la Corte fija como indemnización de los daños materiales por las violaciones declaradas en la presente sentencia, las siguientes cantidades:. En consecuencia, no pudo asistir a su ex compañera en ese momento.

Los escasos recursos de que disponía la familia fueron consumidos en la asistencia letrada contratada para obtener la libertad del señor Tibi y en los viajes para visitarlo en Guayaquil, donde estaba detenido, pese a que fue arrestado en Quito, donde residía su familia; y. El choque cultural mas alarmante debe haber sido comprobar que las autoridades no hacían cumplir las leyes del Ecuador. Las torturas provocaron la ruptura de su personalidad y sus lazos familiares.

Hubo un cambio radical en su vida, que lo puso en una situación de desventaja que perdura hasta la fecha. El señor Tibi tiene problemas psicológicos importantes, tales como: pesadillas, irritabilidad, síndrome depresivo, depresión, comportamientos de hiper vigilancia y fatiga.

La señora Beatrice Baruet se trasladaba todos los viernes a la ciudad de Guayaquil y permanecía ahí el fin de semana; igualmente viajaba durante sus vacaciones; constató las lesiones del señor Tibi, lo que le produjo dolor y desesperación. Lisianne Judith Tibi, hija del señor Tibi y la señora Baruet, nació cuando su padre estaba preso y, en consecuencia, no pasó con él sus primeros dos años de vida.

Valerian Edouard Tibi, hijo del señor Tibi, no pudo ver a su padre durante los veintiocho meses en que éste permaneció detenido. Por cuanto no es posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede ser objeto de compensación, en dos formas. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.

La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación. Naturalmente, la persona sometida a detención arbitraria experimenta un profundo sufrimientoque se agrava si se toma en cuenta que no se han investigado los hechos relacionados con la tortura de que fue objeto la víctima. Este Tribunal considera que se presume que las violaciones de esta naturaleza causan daños inmateriales a quien las padece.

Es razonable considerar que las violaciones cometidas en contra del señor Daniel Tibi alteraron de forma manifiesta su proyecto de vida. Las expectativas de desarrollo personal, profesional y familiar, posibles en condiciones normales, fueron interrumpidas de manera abrupta.

Con base en todo lo anterior, este Tribunal considera que los familiares del señor Tibi deben ser compensados. Por ello, esta Corte estima, como lo ha hecho en otras oportunidadesque la indemnización por daño inmaterial debe comprender también los gastos futuros por tratamiento psicológico y médico. Teniendo en cuenta las distintas facetas del daño inmaterial a las que se viene haciendo referencia, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por ese concepto en los términos que se indican en el cuadro que se transcribe:.

En dicho caso la Corte ordenó al Estado que adoptara las medidas necesarias para que no se repitieran las violaciones consideradas en la sentencia del Tribunal. En el presente caso, la Comisión señaló que el Estado debe:. Los representantes de la víctima y sus familiares se adhirieron a la solicitud de la Comisión, y requirieron que el Estado:.

Para ello es conveniente que se sigan los procedimientos y disposiciones de manuales internacionales especializados como el Protocolo de Estambul. En cuanto a las medidas de no repetición, el Estado señaló que si la Corte encuentra que existe responsabilidad por parte de éste, en el caso de pedir disculpas habría que determinar a qué funcionario del Estado corresponde hacerlo. La Corte ha concluido, inter alia, que el Estado violó los artículos 5, 7, 8, 21 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.

Asimismo, el Estado violó el artículo 5.