Sin regimen pensionario t-registro

Mujeres y derechos humanos: convergencias y tensiones entre dos movimientos sociales Susana Chiarotti. Movimientos obreros y por los derechos humanos en América Latina: convergencia, divergencia y consecuencias para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales María Lorena Cook. Un enfoque de los derechos indígenas a comienzos del siglo XXI : normas internacionales, movimientos sociales y reclamos de ciudadanía Theodore Macdonald.

La articulación de acciones legales y políticas en la demanda de derechos sociales Víctor Abramovich. La tutela de los derechos sociales en el sistema interamericano Viviana Krsticevic.

El derecho humano a la educación en América Latina: entre avances y desafíos Ana G. Barrios B. La Convención sobre los Derechos del Niño y la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina Elizabeth D.

Los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en América Latina: Estado y estrategias Gaby Oré Aguilar. Libre comercio y acción colectiva internacional: un enfoque desde los derechos humanos.

Ariadna Estévez López. Este honor, al provenir de ella, no hace sino ratificar la enorme amistad que priva entre los dos, y demostrarla en el hecho de otorgarme tan inmerecido premio.

El esfuerzo realizado por Alicia, APRODEH y los distinguidos investigadores que escriben los siguientes textos nos aproxima a la tan necesaria reflexión sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales DESC en Latinoamérica. Hoy, esa visión de los derechos humanos desde la perspectiva de integralidad es herramienta corriente; pero hace unos años los propios movimientos de derechos humanos asumíamos recortadamente estos conceptos, y se divorciaban los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos civiles y políticos.

La integralidad de los derechos humanos fue consagrada en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena, Austria, en junio delo que constituyó un gran impulso para el desarrollo de esta perspectiva y generó un instrumento movilizador de las demandas sociales. Se ha fortalecido así la capacidad de exigencia de los diversos movimientos sociales de Latinoamérica.

Esto ha tenido su impacto sobre la necesidad de promover alianzas entre movimientos sociales y organizaciones que defienden los derechos humanos. También se intenta promover mecanismos de exigibilidad, que utilicen las herramientas jurídicas de los sistemas de acceso a la justicia y, asimismo, incorporar la organización y la movilización social para orientar adecuadamente esa exigibilidad política.

Muchos de éstos se concentran en el seguimiento de las políticas estatales, el papel desempeñado por las empresas transnacionales, los tratados de integración, los perjuicios al medio ambiente por la explotación irracional de los recursos naturales y la lucha por incluir en la agenda política de los Estados la salud como un derecho humano. Estos retos institucionales se ven fortalecidos por el trabajo emprendido en este libro, que consolida la propuesta institucional de avanzar en la articulación de los diversos esfuerzos internacionales para la defensa de los derechos humanos.

Es desde esa perspectiva que participamos en los esfuerzos por construir una sociedad civil latinoamericana y una sociedad civil mundial, con el objetivo de decir, con todos:. Cuando formuló su definición, ella tenía tres años de edad. La mejor edad para asomarse al mundo, y ver. Sin embargo, una reciente encuesta realizada en el marco del PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que hay una mayoría de latinoamericanos.

Queda en evidencia que las actuales democracias representativas formales de América Latina, paradójica y lamentablemente, no dan respuesta cabal a las necesidades sociales y, en otro orden, que todo propósito de instaurar una cultura de derechos humanos debe tomar en consideración las escandalosas desigualdades económicas y privaciones sociales que padece la región.

Décadas de políticas regionales de desarrollo muy distorsionadas se traducen en profundas desigualdades —entre las poblaciones urbana y rural— en lo que se refiere al acceso a educación, alimentos seguros, vivienda digna, agua y sanidad, atención de la salud y acceso a astuce repas minceur midi justicia, entre otros derechos humanos.

Schell, Jr. Los autores de esta obra demuestran que hay alternativas para diferenciarse de la construcción neoliberal de la modernidad que tantos gobiernos latinoamericanos persiguen en la actualidad, unas veces con avidez, otras con mesura.

Existe una cantidad importante de publicaciones sobre los derechos sociales, incluso sobre los DESC en América Latina. No se pretende buscar consenso entre los autores, lo que, en realidad, es un beneficio para el lector al permitirle enriquecerse tanto con el disenso como con el acuerdo entre los diferentes puntos de vista. La obra no pretende erigirse en un manual o guía de instrucciones; pero tampoco resulta una mera colección de estudios académicos.

Al mismo tiempo, estudiantes y académicos, tanto en economía, ciencias políticas, historia, antropología, ciencias de la salud o derecho, pueden enriquecer su bagaje conceptual sobre estos temas, a partir de las realidades analizadas y descritas por los activistas.

Las partes que componen este trabajo colectivo desmitifican la idea de que hay una división insalvable entre la investigación y la defensa concreta de los derechos civiles y políticos. Este contexto histórico anticipa las luchas que vivimos hoy. En la segunda sección, Theodore Macdonald, Susana Chiarotti y Maria Cook profundizan en la exploración de las alianzas y divisiones entre el movimiento por.

La elección de los derechos específicos incluidos en la cuarta sección —derecho a la salud, la educación, el agua, la vivienda, la seguridad social y los derechos de los pueblos indígenas a un entorno de salud, a la tierra y los recursos naturales— no es una enumeración general, sino que refleja algunos de los conflictos de derechos de mayor relevancia en la región.

Víctor de Currea-Lugo subraya la manera en que las políticas estructurales económicas restringieron la aplicación del derecho a la salud en la región, y Jim Shultz interpreta lo ocurrido en Cochabamba, Bolivia, respecto de los desafíos que la tendencia a la privatización del agua impone al derecho a ésta. En la quinta sección, los autores analizan las situaciones que enfrentan determinadas poblaciones respecto a sus DESCy las estrategias adoptadas. En segundo lugar, reforzar el cumplimiento legal fue una característica definitoria que el movimiento latinoamericano por los derechos humanos concedió al enfoque de la defensa y promoción de los DESCcuya aceptación, casi universal, lo ha distinguido de las comunidades de.

La ciudadanía social no necesariamente implica ciudadanía jurídica ni tiene como objetivo la exclusión de trabajadores y refugiados indocumentados; tiene que ver con los medios por los cuales el pueblo ejerce sus derechos. Por consiguiente, el concepto de derechos se relaciona no sólo con la capacidad para guiar la propia vida sino también con participar de forma significativa en la propia comunidad y en la sociedad.

Por ejemplo, sin educación la gente puede hablar y votar, pero el papel del ciudadano requiere una capacidad de evaluar información y opciones, y la educación es indispensable para eso.

La concreción de la libertad activa que emana de este concepto de los derechos conlleva naturalmente la transformación de los contextos en los que las personas y los pueblos se insertan. La lucha contra las diversas formas de exclusión admitida ha sido, desde siempre, un punto destacado de las luchas por los derechos en América Latina.

Regimen unificado de licencias

Si existen excluidos del acceso al espacio físico y los servicios, ellos son los pueblos indígenas, que se ven frecuentemente marginados debido a su propia identidad y tratados como intrusos en una visión preprogramada del mundo que parece ser transmitida en directo desde Miami, a pesar de los monumentos y discursos retóricos que pretenden demostrar lo contrario.

Incluso cabe preguntarse si el concepto mismo universalidad de derechos no fue restringido desde el comienzo de América Latina, dado que fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, de quien Carozza y otros sostienen que fue uno de los primeros defensores de los DESC de la región, no consideraba que los esclavos negros tuvieran.

El negro trajo su sensualidad, sus supersticiones y su naturaleza primitiva. Actualmente, dentro del movimiento por los derechos humanos todavía imperan jerarquías de injusticia. Susana Chiarotti sostiene que algunos de los rasgos puestos de manifiesto en el capítulo de Carozza, que distinguen la tradición latinoamericana de DESCpor ejemplo el énfasis puesto en la familia como la unidad fundamental de la sociedad, han obstaculizado el cumplimiento de los DESC de la mujer y la integración de la agenda de los movimientos por los derechos de la mujer con el movimiento por los derechos humanos predominante.

Documento preparado para Ford Foundation-Southern Cone, en poder de la autora. Para tener acceso a diversos trabajos breves sobre la importancia de la relación entre fundamentalistas y derechos sexuales, y sobre la reproducción, ver www.

Al sostener que los puntos esenciales de la identidad y la organización social son cuestiones que dependen de la voluntad divina, el discurso fundamentalista separa estas preguntas de la esfera de los derechos y anula la posibilidad de lograr la transformación social.

Algunos temas se definen como cuestiones femeninas y no se incluyen como prioridades, y otros —desde el acceso al agua y a la atención de la salud, hasta el empleo y la seguridad social y la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y las minorías raciales— pueden simplemente no ser analizados por las ONG tradicionales de derechos humanos desde una perspectiva que se integre con el conocimiento de los efectos de las relaciones de género.

Tales jerarquías se encuentran, por supuesto, también en los movimientos por los derechos de la mujer. Por ejemplo, Gaby Oré observa que los derechos culturales son "el primo pobre" de los derechos económicos y sociales en los movimientos por los derechos humanos y de la mujer. La discriminación cultural étnica y de género funcionan juntas dentro de un sistema complejo de interrelaciones que impide que muchas mujeres de la región tengan la posibilidad de protestar por su situación.

Pero si las tendencias a la inclusión y exclusión devienen con naturalidad en todo movimiento o toda coalición de fuerzas, Groce y Gannotti enfatizan que los discapacitados lo han pasado especialmente mal en esta ecuación. Para proponer una agenda que incluya al discapacitado físico y mental como miembro real de las sociedades latinoamericanas se necesita un enfoque basado en derechos, a diferencia de uno basado en la caridad.

Para resumir, la inclusión conforma un desafío externo e interno respecto de la promoción de los DESC en la región. Macdonald y Sotomayor. Por ejemplo, el tribunal puede determinar que hubo violación de la ley e instruir acerca de los criterios necesarios para fundar el traslado del conjunto constitucional al órgano político correspondiente.

Estado ColombianoSU. Oostenberg Municipality and Others 3 BCLR c [el tribunal ordena aplicar el criterio de lo razonable a las políticas sobre vivienda]. Es discutible el hecho de que en la serie de casos posteriores a Brown v. Board of Educationla Corte Suprema de los EU haya trascendido las indicaciones de discriminación formal de jure en el pasado, para atender a los resultados sustantivos. Por ejemplo, ver Keyes v. School DistrictU. Ley Cabe observar que América Latina probablemente haya sido testigo del mayor activismo judicial del mundo sobre los DESC.

En términos generales, los escritores coinciden en que la Corte y la Comisión Interamericana la Comisión deben ser referentes centrales para dirimir los reclamos de derechos humanos que se despliegan en la región. Krsticevic subraya la potencialidad de dos enfoques en particular para la determinación de la justiciabilidad de aspectos de los DESC en el Sistema Interamericano, que pueden aplicarse a otros foros del mundo.

Un enfoque indirecto del cumplimiento se centra en el hecho de que las garantías procesales son tan fundamentales para los DESC como para los derechos civiles y políticos. En consecuencia, cuando el Estado. De hacerlo así, la Comisión y la Corte se constituyen como una opción viable de reparación. Sin perjuicio del mincir en buvant beaucoup deau acné de aplicar el Sistema Interamericano, los colaboradores son optimistas respecto de las posibilidades.

Hasta el momento, la Comisión ha adoptado lo que Ana Barrios califica como una "perspectiva autolimitada de los DESC " y, específicamente, del derecho a la educación.

El pensamiento crítico de la mayoría de los colaboradores trasciende las instituciones individuales. Así como muchos subrayan la necesidad de perseguir el cumplimiento legal, otros también reconocen las limitaciones de la defensa tradicional centrada en el proceso judicial.

Una actitud distante de los movimientos sociales puede condenar a los grupos de derechos humanos a una suerte de disidencia, y por cierto subestima las posibilidades de distinción entre la defensa. Tal como indica Abramovich, algunos grupos pueden estar defendiendo la justicia social como un logro de derechos integrales y otros pueden estar usando el lenguaje de los derechos como parte de estrategias para alcanzar la justicia social.

En la misma línea, Sotomayor señala que en varios países de la región se iniciaron causas contra el gobierno tanto como contra actores no gubernamentales, como parte de estrategias tendientes no sólo a garantizar la reparación específica sino también a permitir que las comunidades indígenas marginadas se organicen y movilicen políticamente; a la vez, esto permitió que los pueblos indígenas recurrieran al discurso de los derechos para respaldar su perspectiva de la sociedad auténticamente pluricultural.

Como escribió Alice Miller:. El "enfoque de los derechos" [ Resumiendo, muchas de las colaboraciones expuestas en este libro brindan claves acerca de la forma en que el trabajo con los derechos humanos podría demandar. Esto significa que el estrecho modelo de la defensa centrada en el proceso judicial y de los derechos humanos en general —que consiste en indicar la violación, identificar al violador y perseguir una reparación supone la idea subyacente de que la sociedad es un equilibrio, y la reparación hace que ese equilibrio le sea restituido a la víctima y a la sociedad.

En definitiva, esa perspectiva ofrece una definición paliativa muy restringida para el movimiento por los derechos de la región y del mundo. Por consiguiente, para garantizar el derecho a la salud —u otros derechos— se necesita derribar y desestabilizar permanentemente estructuras de fuerte arraigo.

La forma en que se conciben estos temas sociales —desde la educación hasta el agua, pasando por el cuidado de la salud— determina qué políticas tienen el éxito garantizado. Los escasos cambios históricos, desde un enfoque asistencial hacia otro basado en los derechos, han desaparecido casi totalmente de la región, en el contexto actual de ajustes estructurales y reformas del sector sanitario estimulados por instituciones internacionales y algunos gobier.

Barrios señala que el enorme poder del enfoque de la educación desde la perspectiva de los derechos humanos radica en que las políticas de Estado se convierten de aspiraciones a cuestiones de derechos, que se deben abordar en cumplimiento de las obligaciones emergentes de tratados internacionales a los que los estados se adhieren voluntariamente.

A la vez, el discurso de los derechos humanos aplicado a la educación dificulta la adopción de medidas regresivas por parte del Estado para adaptarse a las necesidades políticas y aumenta la capacidad de las personas de reclamar a éste, por medio de un marco específico que permite analizar las obligaciones del gobierno.

En el capítulo sobre los DESC y el menor, Gibbons analiza los principios que subyacen al enfoque del desarrollo basado en los derechos: universalidad y no discri. No cabe duda de que la participación también se enaltece como una característica definitoria de las políticas neoliberales con demasiada frecuencia, principalmente respecto al sector privado que asume las responsabilidades abandonadas por el Estado. Pero Gibbons deja bien claro que, en un paradigma de derechos, el principio de participación requiere, entre otras cosas, que las leyes sean formuladas no sólo por comisiones parlamentarias sino mediante "un proceso de compromiso ciudadano activo de amplio alcance, educación cívica y foros de debate político".

Al analizar el derecho al agua, Shultz explica que la participación en un marco de derechos debe significar transparencia, derecho a la información y significativa delegación de poder social por ejemplo, respecto de las estructuras de tasas, subsidios, control de inversiones y adquisiciones, etc. Ariadna Estévez López investiga las implicaciones que tendría considerar los tratados de libre comercio como una cuestión de derechos humanos —lo que sería el cabochon aesthetics cellulite traitement siguiente a la propuesta de Shultz de que estos acuerdos deben poner los derechos humanos primero—.

En la misma línea de Shultz, Estévez-López sostiene que. Las negociaciones propuestas sobre el ALCA se vieron perjudicadas por extensas protestas populares en toda la región, lo que reflejó el punto débil del modelo de libre comercio. Queda claro que no se trata meramente de una cuestión de individuos frente a corporaciones, sino de qué individuos resultan ganadores en la era de la globalización.

Por su parte, Ugarteche propone un tribunal de la deuda innovador para que los gobiernos deudores puedan recuperar la posibilidad de hacerse oír. No obstante, un punto clave por resaltar desde la perspectiva de las luchas por los DESC es que, en el curso de la historia narrada por Ugarteche y otros autores desde sus propios puntos de vistala percepción que los pueblos tienen de la función del Estado y el futuro de las sociedades ha sufrido un verdadero cambio.

No cabe duda de que, como señala Currea-Lugo, en la región existía un aparato estatal inflado y corrupto; pero, por otra parte, no hay razones para pensar que los procesos de privatización hayan atacado la corrupción desenfrenada y la ineficacia.

Por ejemplo, un caso presentado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales ante la Comisión Interamericana daba detalles sobre lo ocurrido en Ecuador: la asignación del presupuesto nacional de por parte del gobierno, de 3. El resultado de estas 18 excelentes colaboraciones de pensadores y activistas de campo es una rica diversidad de perspectivas, tanto en términos de lecciones aprendidas como de caminos por seguir.

Las ONG del Norte global, y algunas del Sur, tienen mucho que aprender de las experiencias y los ejemplos plasmados en la presente obra. Naturalmente, muchos gobiernos también tienen una función esencial en las políticas bilaterales y multilaterales que diezman las posibilidades de lograr la justicia social en el continente. Sin embargo, tanto debido al dominio incuestionable en la esfera mundial como a la relación histórica con América Latina, la función del gobierno de los EE. El legado deshonroso del apoyo de los EE.

No obstante, los ensayos que pueblan la obra explican que en cuestiones que van desde subsidios a la agricultura a la utilización de recursos naturales y la "guerra contra la droga"; desde tratados de comercio hasta reformas sectoriales y negociaciones de la deuda, el gobierno de los EE.

De hecho, las colaboraciones de la obra demuestran que la implicación de los EE. En fin, en buena medida gracias a la incansable labor de las ONGel discurso de los derechos humanos acumuló mucho peso político y moral a comienzos del siglo XXI.

El nacimiento del concepto de derechos humanos a principios del siglo XVI en América Latina marca, hasta cierto punto, el origen de ese concepto en términos globales. En esta interpretación de las condiciones necesarias para hacer realidad la idea de dignidad y libertad humanas, desde el comienzo se tomaron en cuenta intereses sociales, económicos y culturales. Esta característica de la tradición latinoamericana de los derechos humanos resurgió con gran repercusión durante la primera mitad del siglo XXen el discurso regional sobre derechos, y aportó la interpretación teórica de los derechos económicos, sociales y culturales DESCque es propia de los derechos humanos universales y que es, asimismo, importante en este campo.

En consecuencia, el objeto de este ensayo es identificar, en el contexto histórico, rasgos latinoamericanos propios que sirvan. Por consiguiente, la raza humana es una sola". Esta afirmación fue el punto de partida de un marco conceptual y un discurso determinantes para expresar coherentemente los requisitos de la justicia en términos de derechos subjetivos. Obsérvese que cuando uno abre un libro de Las Casas [ Primera característica: el argumento de Las Casas sobre los derechos de los nativos siempre se basaba en los principios primitivos de la unidad entre los hombres y la unidad de la familia.

Obsérvese que el "logro fundamental" de Las Casas, desde el punto de vista teórico, fue la incorporación deliberada de una doctrina jurídica de derechos naturales a las enseñanzas del derecho natural de Aquino.

Barr [traductor], Mauricio Beuchot, "Bartolomé de las Casas, el humanismo indígena y los derechos humanos", en 6 Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 37,pp. El significado complejo de esta posición se debe entender, en principio, como una función de la doctrina de guerra predominante de esa época, y no parece reflejar una posición discriminatoria del africano en relación con el americano nativo.

Al hacerlo, se convirtió en uno de los primeros pensadores y defensores que cuestionaron la esclavitud africana. El tratado anterior de Las Casas, titulado On the Only Way of Attracting All Peoples to the True Religiondedicado a condenar la conversión forzosa al cristianismo perpetrada por medios militares contra los indios, constituye una apelación extendida de la libertad de los pueblos indígenas Helen Rand Parish editoraFrancis Patrick Sullivan, S.

Las nociones de Las Casas de igualdad, universalidad y libertad le permitieron elaborar un concepto de derechos humanos que integra el reconocimiento de los derechos individuales al de los derechos sociales o colectivos, y también percibir a los americanos nativos como individuos y como pueblo o comunidad. Ha realizado "un esfuerzo supremo para comprender desde lo profundo el comportamiento y los valores de los pueblos nativos". Tomando los criterios propuestos por Aristóteles como medidas de la civilización, con gran sensibilidad compara detalladamente las culturas inca y azteca con las de las antiguas Grecia y Roma.

Su trabajo se ha descrito como uno de los primeros ejemplos de etnología comparada. Ver también Beuchot, nota suprap. Preveía así la aparición de los intrínsecamente modernos debates sobre derechos humanos, por ejemplo, la relación entre derechos económicos, sociales, culturales y derechos políticos; la amenaza cultural de los derechos del individuo particularmente respecto de los derechos de la mujer y del niño y los derechos de propiedad de los pueblos indígenas.

Resumiendo, es justo decir que la primera impronta de la noción de derechos humanos en América Latina —de la que Bartolomé de las Casas fue catalizador y modelo— estuvo profundamente marcada por el reconocimiento de la relación entre la envergadura socioeconómica y cultural de la vida humana, la justicia y la dignidad. Contenía la gran promesa y algunas de las dificultades que la interpretación integral de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos ha dejado desde entonces, tanto en América Latina como en otras regiones.

Ver también Witnessnota suprapp. Huelga decir que no defendía el sacrificio humano en sí mismo, sino que tanto insistía en que era necesario educar a los pueblos indígenas por medios persuasivos pacíficos que ni siquiera la costumbre de ofrecer sacrificios humanos justificaba la conquista militar y la sumisión forzosa. El discurso sobre derechos de los revolucionarios republicanos latinoamericanos representaba, en ese sentido, una síntesis de la primera tradición tomista del derecho natural, característica de esa región, y la nueva versión laica, liberal progresista del derecho natural, particularmente a través del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau.

La doctrina de Rousseau ve al Estado como un factor protector de la igualdad y restrictivo de los excesos del individualismo; los derechos de propiedad restringidos por la ciudadanía en lugar de la ciudadanía definida por la propiedad.

Ver ibidemp. Durante el cuarto de siglo posterior a la Primera Guerra Mundial, otros 14 países latinoamericanos también volvieron a redactar su ley fundamental, 26 lo que ubicó a la.

Yepes, "La evolución del pensamiento constitucional de la América Latina ", en El Pensamiento Constitucional de Latinoamérica,vol. Branch, trad. La historia del Congreso Constituyente muestra que los representantes pertenecían a distintos estratos sociales, económicos y profesionales, aun cuando estuvieran unidos en el apoyo a la Revolución. Por lo menos, podemos formular la hipótesis razonable de que la Constitución mexicana de afectó indirectamente el concepto de derechos presente en las constituciones europeas de posguerra, a través del aporte a la Declaración Universal y a los principios fundacionales del derecho internacional de los derechos humanos, en Palavicini, Historia de la Constitución de1, "Prólogo", Ver Víctor M.

Ver Niemeyer, nota suprapp. Niemeyer, nota suprapp. En la primera encíclica papal sobre la "cuestión social", Rerum novarumdeel papa León XIII abordó la cuestión de los obreros, subrayando la necesidad de la intervención del Estado para protegerlos mediante garantías, por ejemplo, de una remuneración justa y la libertad de organizarse para celebrar convenios colectivos de trabajo.

Ver las generalidades en Casillas, nota suprapp. Las encíclicas papales por lo general se denominan con las dos primeras palabras de su texto en latín; en este caso, Rerum Novarum significa "cosas nuevas". Ver Niemeyer, nota suprap. Ese es el "liberalismo social" que México legó al constitucionalismo en términos generales.

El significativo compromiso latinoamericano en la creación de la Declaración Universal tuvo un reconocimiento previo. Noriega, nota suprap. Ver las generalidades en John P. Ver Humphrey, nota suprap. Morsink hizo una comparación artículo por artículo y dijo que "Humphrey tomó gran parte del texto y casi todas las ideas para los derechos ESC de su primer proyecto de [ Sus agregados tuvieron exclusivamente el patrocinio de Santa Cruz, y encontraron apoyo en el proyecto de declaración chileno y en las tradiciones constitucionales latinoamericanas en general.

Durante las etapas finales de elaboración del proyecto de la Declaración Universal, los representantes latinoamericanos también aportaron algunas reformas importantes; por ejemplo, el representante cubano incluyó una referencia a las necesidades de la familia para agregar al derecho a gozar de un nivel suficiente de vida.

Los representantes latinoamericanos también ejercieron presión para lograr un mayor reconocimiento de los deberes correlativos a los derechos, 53 y ofrecieron el fortalecimiento de la paridad entre los derechos civiles y políticos y los DESC desde la perspectiva discursiva.

Ver también Mary Ann Glendon, The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe, una perspectiva bastante distinta de la relación entre familia, Estado y sociedad que, sin embargo, muestra extensos puntos de vista comparados.

Casi todos los países latinoamericanos enviaron delegados a los dos eventos y, evidentemente, muchos hicieron doble trabajo". Interamerican Stud. La Declaración Universal hace referencia a la cultura una vez, en el Artículo 27, 60 pero como mera función del derecho de participación en ella y sin atribución de valores positivos a la cultura en sí misma formulación similar a la del Artículo XVIII de la Declaración Americana.

Otro contraste significativo surge en el Capítulo 2 62 de la Declaración Americana, en la ratificación de los deberes y derechos. Algunos deberes tienen importante relación con la vida social, económica y cultural de la comunidad, por ejemplo en la proclama: "Es deber de todas las personas ayudar, mantener, educar y proteger a sus hijos menores, y es deber de todos los niños ayudar, apoyar y proteger [a sus padres] cuando lo necesitan".

Resalta el hecho de que los DESC se ejercen por medio de una extensa red de orden social y cooperación. Nos enseña que para concretar los DESC se necesita el reconocimiento de obligaciones positivas y no meramente las restricciones de un sistema de gobierno característicamente libertario.

Este equilibrio y amplitud de la tradición latinoamericana fue un elemento fundamental, que mantuvo la cohesión del consenso universal sobre derechos humanos en Un documento del tipo estadounidense ni uno del tipo soviético podrían haber contado con un consenso de la ONU compuesto por representantes de tantas culturas". A medida que la comunidad de naciones se dedicaba a traducir los principios generales de la Declaración Universal y la Declaración Americana en normas jurídicamente obligatorias y exigibles, la posición muy unificada y progresista de los países latinoamericanos de parecía tambalear.

Durante la negociación de los dos pactos internacionales, una de las cuestiones principales por enfrentar era la separación de los derechos económicos, sociales y culturales, de los civiles y políticos. El debate intelectual y político sobre esta cuestión es complicado porque se basa no sólo en teorías divergentes sobre derechos y enfoques de su exigibilidad, sino también en las muchas distorsiones de los derechos humanos, producto de la política imperante durante la Guerra Fría.

Sin embargo las delegaciones latinoamericanas no presentaron, en general, ninguna posición particular o decisiva. Int'l L. Se podría decir casi lo mismo sobre la negociación y redacción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

No es irracional considerarla como el cierre de un periodo de posguerra fundamental para América. El artículo 42 también hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales respecto a la exigencia de información de los Estados. Latina, donde la atención y valoración tradicional —de profundas raíces— de los DESC era menos evidente. Afortunadamente, la imposibilidad de la Convención Americana de representar apropiadamente la riqueza de la tradición latinoamericana de los derechos humanos, especialmente en lo que concierne a los DESCno marcó el final de la historia.

Por el contrario, en muchos sentidos marcó la necesidad de dar a estos derechos un nuevo principio en América Latina. Otros trabajos abordan aquí estos temas y ese derecho. Y así lo haremos también en el futuro. Pareciera muy simple el razonamiento que lleva a considerarnos sujetos con derechos.

Bastaría con algunas intuiciones accesibles a todos: la preeminencia de la vida humana, la igualdad de los individuos, las nociones de dignidad y respeto. Tal como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidosse trataría de verdades evidentes para todos.

La celebración del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos generó un clima de euforia política e intelectual al respecto.

Sin embargo, no sólo la lenta y penosa generalización de estas ideas en la historia humana, sino también los cotidianos asaltos a su vigencia, han llevado a poner en cuestión esta visión simplista. En términos metodológicos subyace a esta aproximación la idea de que el discurso de derechos es un recurso identitario y estratégico, que apunta a garantizar determinados logros de bienestar individuales o colectivos, inmediatos o de mediano plazo; 4 un recurso entre otros, vale la pena remarcarlo.

Hurley; S. Shute editoresOn Human Rights. En el marco de sociedades prothese mammaire naturelle pnf unes complejas, la pertenencia a la comunidad iba de la mano de la pertenencia a una determinada casta o estamento, lo que legitimaba relaciones de dominación de unos sobre otros. La etnohistoria nos permite conocer mejor la racionalidad de estas sociedades. La precariedad e incertidumbre en la relación con un medio adverso llevaban a establecer mecanismos fuertes de cohesión social.

En esas circunstancias, la noción de individuo es extraña. No es casual que en diversas lenguas la. El primero es 'inclusivo' incluyendo en sí a la persona con quien hablamosel segundo es 'excluyente' connotando que se excluye de aquella pluralidad a la persona o personas con quienes hablamos.

En términos teóricos nutre una visión de los llamados derechos colectivos, que puede llegar a contraponerlos y priorizarlos sobre los derechos individuales. El panorama se complejizó al aparecer estructuras estatales de dominación. Permitieron desarrollar obras gigantescas, especializar el trabajo, acumular y coordinar "saberes", todo esto en el marco de una fluida relación con las divinidades.

Hoy sabemos que su duración fue efímera, al menos en los Andes. Desde entonces a la fecha la vinculación entre estos valores y el Estado proveedor no ha dejado de rondar por los imaginarios latinoamericanos.

En el contexto de la conmemoración del quinto centenario de la conquista de Américase intentaron diversas aproximaciones críticas a dicho evento. En algunas estuvo presente una referencia a los derechos humanos.

Sin embargo se puede caer en un peligroso anacronismo al pretenderse retrotraer al siglo XV la visión de derechos que se alcanzó en el siglo XX. Gallimard, Los españoles trajeron al nuevo continente las instituciones que habían construido a lo largo del proceso de la llamada reconquista de la península ibérica, todas ellas sólidamente articuladas en torno a una versión propia del cristianismo.

No fue difícil pasar de los ayllus a las comunidades y las reducciones; de la mita a los corregimientos; de las teocracias imperiales al imperio católico, de las "idolatrías" al sincretismo. A su vez. Por ello admite hasta cuatro clasificaciones: étnica, social, laboral y legal. Étnicamente, se dividió en blancos, indios, negros y castas mixtas mestizos, mulatos y zambos.

Socialmente, en aristócratas, plebeyos y esclavos. Laboralmente, en funcionarios, empleados, mercaderes, artesanos, jornaleros, mitayos y esclavos. Si bien esta representación nunca coincidió plenamente con la realidad, ambas no eran mutuamente excluyentes. Suponer que existe un orden claramente establecido —cuyas sutilezas, sin embargo, se desconocen— fue uno de los mayores instrumentos de legitimidad del poder arbitral del emperador, del virrey, del señor local.

Esta realidad jurídica e institucional nunca funcionó a cabalidad, pese a los denodados esfuerzos del gobierno colonial. Fue casi imposible establecer con claridad las. A ellos se iría sumando paulatinamente la población esclava. Juntos, "pero no revueltos", estos sectores conformaron la población urbana colonial. En las zonas rurales, el corregidor, el cura de parroquia y algunos españoles se disputaron el control de la mano de obra indígena —concentrada en las comunidades— a partir de las potestades recibidas del rey de España.

En este proceso, las autoridades tradicionales los "curacas" fueron funcionales al poder colonial. A cambio del cumplimiento de determinadas obligaciones tributo, mita, evangelizaciónestos "señores de la tierra" mantuvieron el control de los recursos agrarios y ganaderos.

Concede beneficios o prebendas, como una remuneración por servicios recibidos; las rentas que se derivan de los beneficios son un atributo del oficio, no del receptor como persona. Teóricamente, los indígenas eran vasallos del rey de España, no de los corregidores, los curas de parroquia, los hacendados o los mineros.

La "protección" se legi. Funcionarios coloniales y españoles afincados en América debían actuar como intermediarios en esta lógica. Sin embargo, terminaron siendo auténticos "señores". Mita, yanaconaje, pongaje, diezmos y tributos transformaron en siervos a los integrantes de las poblaciones americanas originarias.

Estas relaciones se condensaron en una institución económica y social —cuando no también política— que sobreviviría al régimen colonial: la hacienda. Abreviando la historia, puede afirmarse que las sociedades que transitaron a la independencia formal al inicio del siglo XIX eran híbridos de patrimonialismo, feudalismo colonial y comunitarismos de diversas intensidades. No es que no existiesen derechos, al menos formalmente, sino que estos se repartían desigualmente a lo largo del entramado social.

Sin embargo algunas instituciones coloniales, los cabildos y las comunidades reconocían formas limitadas de participación política. A las fracturas y exclusiones étnicas se sumaba la generalizada marginación de las mujeres en todos y cada uno de los estamentos del sistema colonial. Es en este marco que aparecen las primeras formulaciones de derechos.

Parafraseando la definición de un viejo diccionario, podría decirse que se entiende como derecho "aquello que es debido a alguien por ser tal".

Estamos bastante lejos de la moderna noción abstracta y universalista. El orden colonial no pudo dar continuidad a la ecuación legitimadora de los estados despóticos, a pesar de que su matriz teológica y filosófica apuntaba en esa dirección.

La autoridad se fragmentó, la provisión de bienes se adelgazó y se hizo intermitente. Es por ello que tuvo que recurrir a otra lógica para atender a lo social: la beneficencia en manos de la Iglesia. Luego, cuando en el siglo XIX la beneficencia cambió de manos, al perder poder la Iglesia y aparecer una incipiente sociedad civil de notables, la lógica seguiría siendo la misma.

Al estancamiento económico y el fracaso de las reformas borbónicas se sumó el impacto de las guerras napoleónicas en Europa. Las reformas allí aprobadas sustentaban una monarquía constitucional garante de derechos iguales para los españoles incluyendo a los americanos y mejoras para los indígenas. Hidalgo y Morelos, ambos curas liberales que intentaron vincular la lucha independentista con el tema de la tierra, fueron capturados y ejecutados por los criollos que sólo optaron por la independencia cuando la monarquía española se vio obligada a aceptar reformas liberales.

Mario Vargas Llosa, para su obra La guerra del fin del mundo. Aceptar y plasmar el liberalismo en instituciones hubiese sido suicida para elites cuya base de existencia y de legitimidad era un tramado de relaciones tradicionales, cuasifeudales.

Se limitaron a utilizar el discurso liberal para incrementar su poder, provocando así, de manera paradójica, respuestas tradicionalistas, antiliberales, en los grupos subalternos. Esta respuesta no tuvo nada de irracional: deriva de una valoración bastante acertada acerca de las consecuencias que traería la disolución de los lazos tradicionales, con el telón de fondo de sociedades carentes de fuerzas económicas y políticas realmente modernizadoras.

Por el contrario, lo que sucedió fue que el poder arbitral se fragmentó y pasó a residir en manos de aristócratas, señores locales, burócratas y una nueva figura heredada de las guerras de independencia: los caudillos militares.

Frecuentemente se menciona la escéptica previsión de Bolívar acerca de que el poder caería en manos de "tiranuelos de todas las razas y de todos los colores".

Otros, sin embargo, han tratado de descubrir un signo progresivo, de movilidad social, en este proceso. No obstante, al igual que el régimen colonial, el régimen republicano tuvo que dotarse de una "representación" de sí mismo que lo legitimara, aun cuando no se correspondiese con sus usos y costumbres.

Ahora volvían a apoderarse de la situación. La retórica liberal, utilizada indistintamente por caudillos civiles y militares, sirvió para acrecentar y legitimar viejas formas de dominación. Desde México hasta el sur de los Andes, el siglo XIX fue testigo de un incesante despojo de tierras y protecciones consuetudinarias, llevado a cabo contra las comunidades campesinas.

Curiosamente, los reclamos contra el despojo republicano se harían apelando a títulos coloniales. Los ciclos intermitentes de reclamos y rebeliones han comenzado a ser estudiados. La ausencia de testimonios directos nos priva de una imagen clara de las percepciones de sí mismos de que disponían quienes tuvieron a su cargo esta compleja praxis.

Viajeros, novelistas, periodistas empezaron a hablar por los "humillados y ofendidos". Propusieron como vía de transformación la masificación de la educación. Entre los liberales tuvo mas éxito una visión evolutiva, que mantenía las fronteras de la desigualdad como un mal menor, hasta tanto no se hubiesen creado las condiciones materiales y culturales para permitir el acceso a la igualdad para los excluidos. Para quienes usufructuaban el poder patrimonial, los derechos eran las garantías de los privilegios definidos a partir del estatus.

Los aristócratas conservadores no tenían reparos en explicitar una visión de la sociedad y del Estado basada en la aceptación explícita de la desigualdad entre los seres humanos. La idea de derechos ciudadanos, a pesar del universalismo implícito en esta concepción, paradójicamente era también minoritaria, en la medida en que la ciudadanía estaba demarcada por criterios de propiedad o renta.

Del segundo, La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe. LimaLima, Ed. Horizonte,2a.

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No hace al caso resumir aquí la historia de cofradías, fraternidades, mutuales y cooperativas, que culminaría con el sindicalismo que apareció en diversas partes del continente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En particular son notorias las demandas de reconocimiento de títulos comunales de origen colonial, al verse confrontados con procesos de despojo, no sólo en el siglo XIX sino también hasta la primera mitad del siglo XX.

No se puede negar que el liberalismo político impulsó también algunos procesos democratizadores entre sectores subalternos, particularmente en el seno de la "plebe urbana". Casi todas las sociedades son mayoritariamente mestizas y urbanas. En los países de la región rige el voto universal y se celebran elecciones con cierta regularidad.

En particular, el reconocimiento y ejercicio de derechos por parte de las mujeres ha crecido de manera impresionante. Sin embargo la pobreza sigue siendo mayoritaria. A la vez, se han desarrollado diversos procesos de movilidad social, incluyendo la migración fuera del subcontinente. Los avatares y paradojas de la democracia en el continente han llevado a refinar el pensamiento en torno a ésta. La primera y fundamental causa de esto fue el desarrollo de diversos movimientos por la igualdad real.

Resulta llamativo comprobar que el discurso y las políticas liberales que erosionaron la visión providencialista de la sociedad y del poder, sin intentar. En esto jugaron un papel muy importante las clases medias urbanas, que vivieron la frustración de una ciudadanía formal en estados patrimoniales. En términos éticos, la noción de "justicia social" fue una poderosa herramienta de cuestionamiento y aliento a las reivindicaciones, así como terreno de disputa entre diversas perspectivas.

Desde una mirada organicista de la sociedad, propia del catolicismo tradicional, la justicia social se entendía como el reforzamiento de relaciones estamentales y de derechos limitados. En diversos proyectos políticos del continente comenzó a dibujarse una relación fuerte entre justicia social y derechos. Estos fueron planteados como un correctivo frente a la injusticia, en la medida en que establecerían barreras infranqueables que toda actividad humana económica, social o política debería respetar.

Por ejemplo, las modalidades que promovieron los llamados "caudillos populistas" valiéndose de procesos de redistribución, ejerciendo un rol arbitral, e incluso autoritario, por encima de las relaciones sociales existentes. O la forma de justicia social que se expresó al interior de movimientos revolucionarios que resultaron de la aceleración de los procesos económicos y políticos en el mundo en las primeras décadas del siglo XX.

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En la mayor parte de los discursos revolucionarios latinoamericanos, a la justicia social se llega por medio de un proceso político que violenta el llamado "estado de derecho". La mayoría de las vanguardias latinoamericanas se adscribieron. Sin haber llegado nunca a fructificar en el continente, el individualismo y la ciudadanía, en su versión liberal, fueron declarados caducos por socialistas, nacionalistas y populistas revolucionarios. En otros, se han desarrollado parcialmente procesos de redistribución.

Otros movimientos de reivindicación de derechos tuvieron como protagonistas a los trabajadores, incipientemente "proletarizados" en el marco de la expansión de actividades extractivas mediados del siglo XIX y procesos de industrialización limitada finales del siglo XIX e iniciación del XX.

También aquí el abanico de demandas y movimientos fue muy amplio. Las definiciones se aceleraron en la medida en que los movimientos laborales latinoamericanos recibieron el impacto de sus similares europeos. La jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, la protección frente a los despidos arbitrarios, etc. Los movimientos laborales serían los primeros en lograr reconocimiento jurídico para sus derechos; legislaciones protectoras del trabajo pueden registrarse desde muy temprano en el siglo XXindependientemente del signo político de los gobiernos instalados en uno u otro país.

Probablemente, el temor a revoluciones sociales, así como el hecho de que los trabajadores urbanos tenían un peso político del que carecían los indígenas, facilitó este proceso. Este dato marca una diferencia de la historia de la ciudadanía y los derechos en nuestro continente en relación con el modelo. A lo largo del siglo, las reivindicaciones se ampliaron.

Ya se mencionó que sus primeros indicios se relacionan con el discurso de los liberales progresistas, los "amigos de los indios", que veían, en el analfabetismo y la ignorancia, las claves de la dominación tradicional.

No por casualidad así fue percibido por los poderes locales, que pusieron tenaz resistencia a la expansión de la escuela, sobre todo si ésta era laica. Ha acompañado este proceso una cierta tradición constitucional que expresó un pacto político redistributivo y desarrollista, hoy satanizado como "populismo".

Un hito en esta historia fue la famosa Constitución mexicana de Querétaroprimera en el mundo en reconocer derechos sociales junto con los derechos políticos. La Revolución mexicana, iniciada como un movimiento por el sufragio, devino en un movimiento revolucionario por la tierra.

Pareciera que los derechos sociales requieren estados fuertes, capaces de redistribuir de manera compulsiva. Y estos estados no pueden ser sino autoritarios. Ya se mencionó el caso del caudillismo, que en el siglo XX pasó a ser "populismo". Otro ejemplo es el de la recurrencia de discursos milenaristas e indigenistas.

Cuando se inaugura el siglo XXlo encontramos vivo en los discursos y programas de los indigenistas peruanos; a mediados de siglo, Octavio Paz develó, en la base del Estado autoritario mexicano, algo similar.

La dominación colonial se basaba en un discurso de "naturalización" de la desigualdad. Toca aquí afirmar que este discurso ha llegado casi intacto, en diversos sectores de la sociedad latinoamericana, hasta el presente. Se han modificado parcialmente algunos conceptos, pero la lógica sigue siendo la misma.

En la nueva versión, la elite se compone por los tecnócratas que saben y cuya misión es prevenir que estados y economías caigan en manos de irresponsables populistas, aun cuando esto implique recortar los derechos de las mayorías.

Para entender el presente y el porvenir de todos los derechos humanos —incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales— en América Latina, es necesario dejar de lado algunas visiones estereotipadas de nuestras sociedades. Por un lado, la que sugiere que debido al peso de tradiciones corporativas o comunitaristas es casi imposible pretender desarrollar una cultura de derechos.

Introduit une nouvelle disposition relative à la procédure de demande de bénéficier de la prestation sociale. Règlement sur la composition et le travail des commissions de contrôle de l'évaluation de l'incapacité temporaire de travail. Introduit notamment une nouvelle disposition relative au circonstances qui entraînent la perte du droit des agriculteurs à une aide sociale financière.

Règlement modifiant le règlement sur l'obtention du droit de prestation sociale. Loi du 28 décembre modifiant et complétant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire.

Statuts du Fonds d'assurance maladie de la Macédoine. Décision statutaire du 19 septembre modifiant et complétant les Statuts du Fonds de pension et d'assurance invalidité de la Macédoine. Contient des modifications mineures.

Loi du 11 avril modifiant et complétant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. Crée notamment de nouvelles dispositions relatives à l'assurance maladie pour les personnes qui ne cotisent pas. Décision du 30 mars de fin d'application des décisions sur la détermination des catégories d'emplois pour lesquelles la durée réelle de travail est considérée comme une durée plus longue aux fins de la durée d'assurance sociale.

Abroge les décisions adoptées entre le 1er janvier et le 31 décembre Règlement du 28 mars sur l'octroi de licences à des compagnies d'assurance retraite. Loi du 3 février modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale volontaire. Modifie les dispositions relatives notamment au régime de pension professionnel en cas de fin des relations de travail, à la possibilité pour la société d'effectuer des activités de marketing relatives à un fonds de pension volontaire, et à l'investissement dans des titres.

Crée une nouvelle disposition relative aux conséquences de la constatation d'irrégularités en violation de certaines prescriptions de la loi. Abroge l'alinéa deux de l'article deux relatif aux ressources qui sont pris en compte pour la détermination des revenus globaux du foyer. Complète la disposition relative aux documents nécessaires pour la demande d'accès aux prestations sociales. Règlement sur la détermination des catégories d'emplois pour lesquelles la durée réelle de travail est considérée comme une durée plus longue aux fins de la durée d'assurance sociale.

Contient une liste d'emplois pour lesquels, en raison de la nature ou de la difficulté du travail effectué, la durée réelle de travail est considérée comme une durée plus longue aux fins de la durée d'assurance sociale. Loi regime micro ba calcul 29 décembre modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale obligatoire financée par des capitaux. Modifie les dispositions relatives notamment à la conduite d'inspections et au placement des actifs du Fonds.

Décision statutaire du 28 décembre modifiant et complétant les Statuts du Fonds de pension et d'assurance invalidité de la Macédoine. Loi du 20 décembre modifiant et complétant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. Modifie les dispositions relatives aux personnes concernées par le paiement des cotisations, aux violations de la législation, aux sanctions applicables ainsi qu'au calcul du montant des cotisations.

Décision du 4 mai sur la formation d'une institution nationale de coordination pour la surveillance de l'élaboration et de la réalisation de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Loi du 8 avril modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale obligatoire financée par des capitaux.

Règlement du 22 décembre sur l'affiliation au fonds de pension obligatoire. Porte sur la procédure de répartition des assurés, la forme du contrat d'affiliation, les démarches à faire et le passage d'un fonds de pension à l'autre. Règlement du 1er décembre sur l'obtention du droit de prestation sociale. Concerne la vérification de l'état des revenus et des biens d'un ménage, la détermination du bénéficiaire du droit de prestation sociale, ainsi que les démarches indispensables.

Règlement du 14 mai sur le contrôle des données relatives aux contributions sur lesquelles se fondent les droits d'assurance sociale. Concerne la planification, l'organisation, et la procédure du contrôle des données. Loi du 10 avril modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale obligatoire financée par des capitaux. Modifie les chapitres liés aux sociétés de gestion des fonds de pension, au droit d'achat d'annuité de pension par des personnes n'ayant pas de période d'assurance suffisante, à l'investissement des moyens du fonds de pension, ainsi qu'au choix du contrôleur par la société.

Règlement du 2 janvier sur la procédure d'enregistrement des contribuables, sur le calcul et le paiement des contributions ainsi que sur la forme et le contenu de la demande de suspension de dette dans le fonds d'assurance maladie.

Loi du 5 novembre sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. Règlement du 22 juillet sur la répartition et l'affiliation des personnes assurées dans les fonds de pension obligatoires ainsi que sur le passage d'un fonds de pension à l'autre. Règlement du 17 juillet sur les cotisations aux fonds de pension obligatoires et sur la procédure et les termes de paiement au fonds de sécurité sociale et d'assurance invalidité.

Section 1: Dispositions générales art. Règlement du 17 juillet sur le montant maximal et le paiement des cotisations pour le passage d'un fonds de pension à l'autre. Règlement du 17 juillet sur le paiement des cotisations au Fonds de pension volontaire. Decision of 13 March to amend the Decision for the creation of a council for the implementation of the reform of the pension system Text No.

Decision of 20 October for the creation of a council for the implementation of the reform of the pension system Text No. Regulations of 12 July on the control of registers for the calculation and payment of contributions for pension and disability insurance Text No. Provides, inter alia, for the Fund's bodies, their rights and obligations, means to realize rights linked with pension and disability insurance, establishment of the status of insured person, procedure of realization, use and loss of the right, planning and use of the insurance funds, disability protection, and pension grant.

Decision of 15 May to supplement the Decision on the amount and bases of calculation and payment of contributions for health insurance. Norway - Administration and financing - Law, Act.

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen arbeids- og velferdsforvaltningsloven - Adoption : Date of entry into force: NORL Contains 19 sections respecting, i. Act No. Contains nine sections respecting the State pension fund; also amends s.

Adoption : NORL Repeals ss. Norway - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance. Ordinance No. Contains 5 sections covering, inter alia, compulsory exclusion from benefits of the national insurance scheme of certain categories of persons, exclusion upon individual request, and ghost ride the whip big wheels for excepting certain other persons.

Provisions to amend the provisions respecting premiums for voluntary additional contributions for cash sickness benefits for self-employed persons under section 2 and for consultants under section of the National Insurance Act No.

Provisions respecting co-ordination of pension from the civil servant's pension fund and reduced survivors' pension from the national insurance scheme No. Provisions respecting co-ordination of widows benefit received from the pension benefit and supplementary pension scheme when widows benefit shall not be reduced because of the widow's income. Provisions to amend the Provisions respecting insurance for liability for cash sickness benefits during the employer's period for employers who employ a few workers No.

Provides that employers who have only a few employees may take out insurance covering their liability to pay cash sickness benefits under Chapter 2 of the National Insurance Act. The insurance gives per cent coverage for days of absence exceeding 3 days on each occasion. Act to amend the National Insurance Act No. Provisions respecting transitional regulations concerning daily unemployment benefits and lay-off benefits, No.

Adoption : NORR Provisions respecting the co-ordination of occupational pensions and supplementary pensions granted under the National Insurance Act No. Regulates co-ordination pursuant to Act No. Act to amend Act No. Provisions respecting the relationship between contributions under the National Insurance Act No.

Provisions to amend Provisions of 12 June respecting the extent to which persons receiving pensions may obtain daily unemployment benefits and the extent to pension and insurance payments shall result in a suspension of entitlement to daily unemployment benefits. Provisions respecting the coordination of personal injury insurance and waiting subsidies from national insurance.

National insurance benefits are to be reduced by the waiting subsidy obtained under national insurance. Provisions to amend provisions of 12 June respecting the extent to which persons receiving pensions may obtain daily unemployment benefits and the extent to which pension and insurance payments shall result in a suspension of entitlement to daily unemployment benefits. Provisions regarding supplementary benefits to avoid a decrease in pension obtained under the Act concerning the co-ordination of pension and insurance benefits and certain other laws, No.

Provisions to amend the Provisions of 9 April respecting the co-ordination of simultaneous benefits under the pension and insurance schemes under the Act No. Provisions to amend the Provisions of 8 November respecting the receipt of cash sickness benefits under the National Insurance Act No. An Act to amend the Act No. Miscellaneous amendments, inter alia, to the Act of 3 Dec.

Pakistan - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance. Adoption : PAKR Provides for payment of Cess by employers. Cess is due annually and shall amount to 25 rupees per quarter and worker. Employers are also obliged to report number of workers at the end of each quarter. Repeals Punjab Education Cess Rules, Labour Laws Amendment Ordinance, No.

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Inter alia provides for increased benefits granted under these acts. Also makes provision for self-assessment social security scheme. Panama - Administration and financing - Miscellaneous circular, directive, legal notice, instruction, etc.

Panama - Administration and financing - Law, Act. Adoption : PANL Compliance with constitutional requirements. Accounts for the period ending 31 December State grant. Employer contribution. Imposition of special employer contribution. Amounts not to be accumulations. Extensions to the operative period. Confirmation of existing borrowings. Liquefication and conversion to Government securities. Form and substance of inscribed stock. Limitation of action. Paraguay - Administration and financing - Law, Act.

Paraguay - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance. Regula el procedimiento para el cumplimieto de la citada Ley solicitud, acreditación de períodos de aportes, reenvío, resolución y pago.

Tiene por objeto establecer la acumulación del tiempo de servicios en las Cajas del Sistema de Jubilaciones y Pensiones Paraguayo, a afectos de otorgar los beneficios correspondientes a la jubilación o la pensión. Establece que la libre orgnización y la autonomía de las mutuales, como formas asociativas para brindar servicios jubilatorios, de salud, educación y otros directamente relacionados a estos servicios, basados en la solidaridad y la rentabilidad social, consagrados en la Constitución Nacional, quedan garantizadas por esta Ley y las disposiciones jurídicas que en su consecuencia se dicten.

De las disposiciones generales Capítulo II. De los asociados Capítulo IV. Régimen Patrimonial Capítulo V. De los órganos de las mutuales Capítulo VI. De la integración mutual Capítulo VII. De la educación mutual Capítulo IX. Del régimen de los fondos Capítulo X. De las medidas de fomento Capítulo XI. De la autoridad de aplicación y control Capítulo XII. De las disposiciones finales y derogaciones. Peru - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance.

Asimismo, dispone el desembolso anticipado de recursos y establece la forma de financiar su aplicación. Peru - Administration and financing - Law, Act. En tal sentido, modifica los artículos 1,4 y 5 y deroga el art. Modifica los artículos 9 y 18 del citado decreto en lo relativo a las remuneraciones asegurables para el pago del capital o póliza y al mantenimiento del seguro de vida en caso de cese del trabajador asegurado.

Regula asimismo los contratos de seguro celebrados por ex trabajadores y el registro obligatorio de contratos de seguros de vida ley. Modifica los artículos 37 y 38 del Texto Unico Ordenado de la citada Ley y elimina la exoneración de tasas, aranceles y derechos judiciales a favor de las AFP Administradoras de Fondos de Pensiones.

Adoption : PERL Adoption : PERR La modificación se refiere a las cuotas de participación de fondos mutuos y de fondos de inversión dentro del portafolio de inversiones de los fondos de pensiones. Contempla, entre otros aspectos, la transferencia de fondos previsionales de cuentas individuales de capitalización al exterior, la transferencia de fondos previsionales del exterior y los convenios. Se aplica a los procedimientos de competencia del Seguro Social de salud a nivel nacional. English Français Español.

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Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 25 September to prolong the duration of effectiveness of the budget financing, decentralization and deregulation of the Social Work Provision Act.

Adoption : Date of entry into force: NLDL This is the final accounting and amendment of the income from the State in the budget of for the Ministry of Social Affairs.

Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 25 March amending the benefits available to general teaching staff, agricultural training personnel and higher vocational training staff. Adoption : Date of entry into force: NLDR This Decree concerns benefit and salary regulations for all teaching personnel in connection with amendments to the following: Legal Status Decree for Teaching Personnel Stb. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 23 February endorsing lowered contributions to the Pension fund for and which are due to missing contributions.

Adoption : Date of entry into force: NLDL Pension fund contributions are still owed to the fund of the years and Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 2 February to bring into effect the 22 December unemployment Act and related laws. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 26 January amending the budget for as regards social security and social insurance.

Adoption : Date of entry into force: NLDL Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 23 December to amend the income tax and wage tax laws as well as the general laws on old-age benefits.

Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 23 December to amend the Social Security Act and related Acts on taxation following a review of fiscal administration. Adoption : Date of entry into force: NLDL Amendments which adjust the law on wage tax and related laws. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 15 December introducing new organizational provisions for social insurance.

Adoption : NLDL This new legislation amends some earlier Acts and defines all relevant terminology. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act to amend social insurance family allowance and wage tax.

Adoption : Date of entry into force: NLDL Amendment of the income tax and wage tax Acts concerning family allowance. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 2 November to amend the General Civil Pension Act, in relation to the transfer from the Crown to the administration of the General Civil Pension Fund of the competence to appoint and withdraw under sections B3 and subsection B4 2 of this Act. Adoption : Date of entry into force: NLDL Grants power to the administration of the General Civil Pension Fund to appoint civil law bodies whose staff members are given the status of civil servants, and to withdraw such appointments.

Adoption : NLDR Modifies the systematics of the pension contribution by the personnel of the regular army. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 28 April on settlement of pension claims in the event of separation and to make amendments to other Acts in connection herewith.

Adoption : Date of entry into force: NLDR Amendments relating to an increase of the employees' pension contributions, to be paid over to the General civil pension fund. Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 27 January laying down general measures to fix the premium percentage in the sense of section 30, paragraph 1 of the National Ordinance on General Widows' and Orphans' Insurance P.

Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 27 January laying down general measures to implement section 29, paragraph 4 of the National Ordinance on General Widows' and Orphans' Insurance P.

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Adoption : Date of entry into force: NLDR Fixes the limits of income within which cellulite on child person is subject to premium payment.

Adoption : Date of entry into force: NLDR Fixes the limit of income subject to premium payment for Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 27 January laying down general measures to implement section 8, paragraph 2 of the National Ordinance on Accident Insurance of P. Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 28 December to lay down periods in which a decision should be taken for rulings on request in virtue of social insurance acts.

Adoption : NLDR For employees' insurance, terms are usually 8 weeks and for national insurances 13 weeks. Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 23 December laying down general measures to declare temporarily inapplicable section 3A of the Decree of 21 November laying down rules concerning the yearly settlement with the Netherlands Antilles and the island territories of contributions on behalf of the General Pension Fund of the Netherland Antilles P.

Adoption : Date of entry into force: NLDR Netherlands - Administration faire regime homme sportif financing - Law, Act Act of 22 December to repeal the temporary maintenance age limit insurance Act and premium obligation General Disability Benefits Act and to amend some other social security Acts, the Act on the income tax of and the Act on wage taxes, with respect to the maintenance of the age limit insurance Act and premium obligation General Disability Benefits Act and to the introduction premium payment General Widows and Orphans Act or General Survivors Act for people more than 65 years old Act amending premium levying for people more than 65 years old.

Adoption : Date of entry into force: NLDL Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 14 December to amend the Decree on special sickness care insurance claims concerning the introduction of an own income-dependent contribution.

Adoption : NLDR Makes it possible to require, by ministerial order, the insured person to participate with an own contribution to his home care expenditures. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 2 December to amend the Relief Schemes Provisions of Employment Act and the Act supervision on insurance business, as well as the granting of a legal authorization pursuant to the Accountancy Act measures concerning the provision of employment with respect to the realization of a pension fund, a fund for occupational old age facilities and a fund for voluntary early retirement, task setting of an external advice organ and provisions which contribute to optimum utilization of working places.

Adoption : Date of entry into force: NLDL Creates a foundation to act as a pension fund, a fund for occupational old age facilities, and a fund for voluntary early retirement for persons employed under the Relief Schemes. Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 26 October concerning determination of a general measure of direction, as intended under Art.

Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 27 April to adapt a number of social security Acts and certain other Acts, and to establish rules for the implementation of these Acts in accordance with the proposals of the Commission on the simplification of the tax burden on wages and incomes Act to adapt transfer supplement-premiums payment rulesas amended to 23 December Adoption : Date of entry into force: NLDL Contains provisions concerning the calculation of the transfer supplement as meant in the Act transfer supplement advance-premiums.

Adoption : NLDL Consolidation: 1 General provisions, 2 Insurance insured, benefits, funds, supplementary insurance3 The sickness fund, 4 Agreements, 5 The sickness fund council, 6 Right of appeal, suspension and furosemide pour maigrir usa of decisions, 7 Influence of the insurance on the civil law, 8 Functions, 9 Transitional and final provisions. Netherlands - Administration and financing - Law, Act Decree of the Minister of Justice to publish in the "Staatsblad" the general Act on special sickness expenditures Stb.

Adoption : NLDL Consolidation: 1 General provisions, 2 Insured eligible, 3 Entitlements, 4 Funds to be raised, exemptions for conscientious scruples, 5 The sickness fund, sickness cost insurers and executive organisms, 6 Agreements, 7 The sickness fund council, 8 Providing information, 9 Right of appeal, suspension and annulment of decisions, 10 Sanctions, 11 Transitional and final provisions.

Netherlands - Administration and financing - Law, Act Act of 27 April concerning the financing of national insurance schemes, as amended to 26 February Adoption : Date of entry into force: NLDL Contains provisions concerning the financing of compulsory and voluntary national insurances, namely the general old age insurance, the general widows and orphans insurance, the general insurance special sickness costs and the general incapacity insurance.

Netherlands - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Decree of 12 December to lay down a general administrative rule regarding the extent and composition of each of the Chambers defined in art. Adoption : Date of entry into force: NICL Se reforma el artículo 16 de la Ley, en lo relativo a los funcionarios y miembros del Poder Judicial y Electoral.

Adoption : NERR Modifie l'alinéa a du point 2 de l'article 16 du décret de eu égard aux conditions auxquelles une veuve est considérée comme survivant aux fins des prestations de vieillesse et d'invalidité. Adoption : NERR Niger - Administration and financing - Miscellaneous circular, directive, legal notice, instruction, etc. Adoption : Date of entry into force: NERM Niger - Administration and financing - Law, Act Ordonnance no du 25 février modifiant en ses articles 4 et 6 la loi du 8 février portant création de la caisse nationale de sécurité sociale.

Adoption : NERR Niger - Administration and financing - Law, Act Ordonnance no du 16 juillet modifiant la loi no du 8 février portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale modifiée par l'ordonnance no du 26 janvier Adoption : NERR Niger - Administration and financing - Law, Act Loi no du 22 janvier modifiant la loi no du 15 mairelative au contentieux de la sécurité sociale. Adoption : NERR Niger - Administration and financing - Law, Act Loi no du 20 septembre modifiant la loi no du 15 mairelative au contentieux de la sécurité sociale.

Niger - Administration and financing - Law, Act Loi no du 18 mars déterminant les conditions d'application au régime de retraite de la loi no du 15 mai [relative au contentieux de la sécurité sociale]. North Macedonia - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Règlement du 13 décembre modifiant et complétant le règlement sur l'affiliation au fonds de pension obligatoire.

North Macedonia - Administration and financing - Law, Act Loi du 25 novembre modifiant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire.

North Macedonia - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Règlement du 14 octobre modifiant et complétant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. North Macedonia - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Règlement du 5 octobre modifiant et complétant le règlement sur l'affiliation au fonds de pension obligatoire.

North Macedonia - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Règlement du 25 mai modifiant et complétant le règlement sur l'affiliation au Fonds de pension obligatoire. North Macedonia - Administration and financing - Law, Act Loi du 9 décembre modifiant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. North Macedonia - Administration and financing - Law, Act Loi du 17 décembre modifiant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire.

North Macedonia - Administration and financing - Law, Act Loi du 1er décembre modifiant et complétant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. North Macedonia - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Règlement du 2 septembre modifiant le règlement sur l'affiliation au Fonds de pension volontaire. North Macedonia - Administration and financing - Law, Act Loi du 24 juillet modifiant et complétant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire.

North Macedonia - Administration and financing - Law, Act Loi du 25 juin modifiant la loi sur les cotisations de la sécurité sociale obligatoire. North Macedonia - Administration and financing - Regulation, Decree, Ordinance Règlement du 28 mai modifiant et complétant le règlement sur l'affiliation au fonds de pension obligatoire.